Con júbilo abrazos, brincos y hasta lágrimas algunos empleados de la Municipalidad de San Carlos recibieron hoy en la mañana al alcalde Alfredo Córdoba, suspendido seis meses por el caso “Díamante” en noviembre pasado.
El regreso se da debido a que la fiscalía no decidió prolongar por más tiempo las medidas cautelares por el caso Diamante
Córdoba regresa a su puesto pero deberá cumplir otros 6 meses de suspensión por la condena que recibió en el año 2019 por el nombramiento ilegal del funcionario Wilberth Rijas
La ejecución de esta pena aunque está en firme no se le habría notificado su ejecutoria, de ahí que el alcalde vuelve a su puesto de trabajo.
Cabe recordar que por el , (caso 15-0000-830621-PE) nombramiento ilegal del funcionario Wilberh Rojas,el Tribunal de Hacienda ratificó en febrero pasado una condena a Alfredo Córdoba Soro Alcalde de San Carlos de seis meses de inhabilitación de su cargo y a pago de 3.6 millones de colones por nombramiento ilegal del ex funcionario Municipal Wilberth Rojas en el años 2002,
Ahora la discusión está en la perdida sus Credenciales de acuerdo a la ley. además debe enfrentar un nuevo juicio, por el caso de Wilberth, pero con un nuevo expediente, por el delito de reconocimiento ilegal de beneficios laborales, y por el delito de peculado, dado que en su oportunidad se les había absuelto de eses presuntos delitos, pero esa absolutoria fue anulada.
Varios abogados consultados por este medio, consideran que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) está obligado a retirar de forma oficiosa las credenciales al alcalde condenado. Sostienen que según lo establecido por el artículo 18 y 25 del Código Municipal, al alcalde haber sido condenado a una inhabilitación para ejercer cargos públicos y de elección popular. La pérdida de la credencial es automática.
En ese caso, el TSE tiene la competencia exclusiva para tomar la decisión que de acuerdo a la Ley y no requiere de mayores procedimientos. Lo único que el TSE. debe constatar, es la existencia de la sentencia firme que le impone al alcalde la condena de seis meses de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos..
Adicionalmente, el alcalde tiene otros procesos penales en su contra por diversos delitos que le achaca el Ministerio Público como es el Caso Diamante y otro relacionado por la Pista de Atletismo de Ciudad Quesada.
La Fiscalía acusa a Alfredo Córdoba de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y penalidad del corruptor por el caso Diamante.
Los seis alcaldes investigados por el Caso Diamante son son: Johny Araya alcalde josefino, Humberto Soto, de Alajuela, Mario Redondo, de Cartago; Arnoldo Barahona, de Escazú; Alfredo Córdoba, de San Carlos y Alberto Cole, de Osa.
Dichos alcaldes fueron suspendidos a finales de noviembre del 2021, por aparentemente recibir dádivas de Constructora Meco para obtener licitaciones viales.
A Alfredo Córdoba el Ministerio Público lo investiga por una dádiva de ¢15 millones que le habría dado Constructora Meco para obtener licitación de un camino de Pitalito de Aguas Zarcas, San Carlos, cuyo costo de construcción es de ¢600 millones y que se haría con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
También el alcalde habría influido para que MECO obtuviera una licitación de rehabilitación de la ruta nacional 250, que conduce a Saíno, Boca Tapada y Río San Carlos, cuyo costo rondaría los ¢506 millones.
Asimismo, MECO le habría concedido al alcalde la contratación como empleado al esposo de su hija, en un proyecto que la constructora tenía en Nicaragua. Esto porque la hija del alcalde realizaba una práctica en ese país y su yerno necesitaba trabajo ya que es ingeniero y debía permanecer un año en el hermano país.
Pollera de Calle Damas de la Palmera
También el Ministerio Público investiga la construcción de un planché de cemento para hacer una pollera en Calles Damas de Palmera, labor que le habría concedida MECO como una dádiva más.
Luego que el Tribunal de Hacienda condenara la semana pasada a Alfredo Córdoba Soro Alcalde de San Carlos a seis meses de inhabilitación de su cargo y a pago de 3.6 millones de colones por nombramiento ilegal del ex funcionario Municipal Wilberth Rojas en el años 2002, ahora la discusión está en la perdida sus credenciales de acuerdo a la ley.
