Pablo Rodríguez regidor del Partido Progreser, se suma a la regidora Diana Corrales que apoya el mandato legal de pedir quitar credenciales al alcalde inhabilitado Alfredo Córdoba quien fue condenado a finales de enero pasado por delito de nombramiento irregular de ex funcionario Wilberth Rojas.
Esto fue lo que expresó:
“El presupuesto de la Municipalidad de San Carlos se estima que supere los 18,000,000,000 de colones este 2022; dinero que bien invertido podría ayudar muchísimo a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del cantón y promover un desarrollo tan necesario en tiempos difíciles como los que vivimos, donde la generación de empleo y la inversión en obras en las comunidades son fundamentales.
Sin embargo, el ambiente de inestabilidad en la Alcaldía Municipal preocupa de sobremanera. La Alcaldía es la cabeza de la Administración, responsable de ejecutar los recursos que deben destinarse a obras y mejoramiento del Gobierno Local, en procura siempre de eficiencia para brindar mejores servicios a los ciudadanos. Los enfrentamientos y manifestaciones públicas de diferencias entre el actual Alcalde y la Vice Alcaldesa elegidos en la misma papeleta en las elecciones pasadas, sumado a la situación jurídica del Alcalde complican la agenda de desarrollo de San Carlos.
Lentitud en la ejecución de acuerdos municipales, un diálogo intermitente con el Concejo Municipal y los líderes comunales, estilos de administración diametralmente opuestos, sumado a una sub-ejecución presupuestaria palpable en la falta de obras y proyectos de fondo, son sólo algunos ejemplos de los retos que la Municipalidad de San Carlos enfrenta ante esta situación inédita que se vive.
Desde Progreser apoyamos cualquier gestión para que se cumpla el artículo 18, inciso C del código municipal que dice: Serán causas automáticas de pérdida de la credencial de alcalde municipal: c) Ser declarado, por sentencia judicial firme, inhabilitado para ejercer cargos públicos. Esto considerando según notas de la prensa, la firmeza que adquirió la resolución 791-2019, donde se encuentra al señor Córdoba Soro culpable de dos cargos de nombramientos ilegales ocurridos en el 2003 y por lo cual se le condena a 6 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
No hemos recibido la notificación oficial del fallo judicial de parte del Tribunal Penal, el cual ni siquiera el TSE ha sido notificado. En el momento que contemos con dicha notificación seremos vehementes en gestionar el cumplimiento de la ley, tal y como lo hicimos en el caso del salario del señor Alcalde ante la suspensión por 6 meses por el caso Diamante.
Son muchos los retos y mucho el trabajo que se debe realizar para superarlos, desde el Concejo Municipal hemos establecido un canal abierto para que junto a otros actores del cantón colaboremos y podamos impulsar una agenda de desarrollo más allá de cálculos electorales. Los tiempos extraordinarios que vivimos demandan acciones extraordinarias, que ameritan mucho diálogo para enfocarnos en las coincidencias sin dejar de hacer lo que está escrito en la ley”
Pablo Rodríguez
Regidor Municipal – San Carlos.
