La alcaldesa Karol Salas dijo que el ex alcalde Alfredo Córdoba inhabilitado seis meses por condena por dos nombramos ilegales y posteriormente imputado por el “caso Diamante” había sido notificado por los tribunales desde febrero que no debía ocupar el cargo desde el 18 de febrero de este año al 18 de agosto del mismo, y eso consta en una constancia que solicitó a los tribunales y posteriormente el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) obtuvo y dio a conocer a la prensa.

Pese a que Córdoba sabía sobre su inhabilitación, luego de terminar su suspensión por seis meses por el caso Diamante, en investigación, el 29 de mayo de este año Alfredo regresó al municipio y ocupó el cargo de alcalde, pese a que su inhabilitación finalizaba hasta el 18 de agosto.

Córdoba no bastándole la aparente usurpación de la alcaldía, llegó al municipio como el “Salvador” tomó posesión como si fuera alcalde, cambió el presupuesto extraordinario con el apoyo de los nueve regidores que no hicieron nada para pedir al TSE quitarle credenciales, pese a que era su deber. También Alfredo habría hecho nuevos nombramientos o movimientos de funcionarios internos según indicó Salas.

Alfredo pasó mes y medio como alcalde, al parecer, ilegal, pero ni el departamento legal, ni los regidores se preocuparon por investigar a fondo la situación legal del ex alcalde.

Córdoba tomó decisiones que al parecer no le correspondía como funcionario inhabilitado y que ahora estarían nulos como es la aprobación del presupuesto extraordinario.

Alexander Piedra, abogado de Karol Salas dijo que Córdoba habría incurrido en no se sabe cuántos delitos que se deberán investigar, por las acciones tomadas en ese mes y medio que estuvo en la alcaldía sin ser alcalde.

Sobre estas acciones ya se hicieron denuncias en los tribunales correspondientes y la Contraloría General de la República para determinar que hacer ante estos hechos de aparente usurpación de poder.

Según comentó la alcaldesa Karol Salas la abogada del Concejo Municipal Alejandra Bustamante dijo en su momento que ella creía que el alcalde estaba legal en su puesto, no obstante, no dio ninguna certeza de que asi lo fuera .

Por otra parte el Concejo Municipal no cuestionó la legalidad de Córdoba. Lo hizo muy tibiamente los regidores Diana Corrales y Pablo Rodríguez, pero sin eco en los demás regidores que callaron, pese a que era su obligación tomar decisiones para no incumplir deberes.

Por estos hechos la alcaldesa Salas dijo que analizará una posible recusación contra los regidores y los abogados del municipio.