El ex diputado Alvaro Montero Mejía, Escritor, político, abogado, productor de programas televisivos y fundador del Partido Socialista Costarricense (marxista-leninista), es uno de los 78 ex diputados de lujo, con pensiones que van de ?4 millones a ?8 millones.
Montero fiel defensor de las clases trabajadoras y con una ideología socialista, sería uno más de los políticos en la mira del Presidente Chaves para denunciarlo ante el Ministerio Público por lesividad al Estado, ya que su pensión es superior al salario de un diputado actualmente.
Montero hoy de 81 años fue productor del programa de opinión y debate político «Diagnóstico» desde 1990 en la televisora estatal SINART. Fundó en 1959 el Centro de Estudios «Veritas Sine Timore». Fue Diputado de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica (1983–1986)
Se incorporó al primer partido de izquierda, el Partido Acción Democrática Popular, que participaría en las elecciones nacionales, desde la proscripción del Partido Comunista inmediatamente después de la Guerra Civil encabezada por José Figueres Ferrer en 1949.
En su trayectoria política electoral el quehacer es de lucha, debate, polémica, pelea y de abrirse paso contra el imperialismo, el TLC, los gobernantes con pretensiones de dictadura y los empresarios explotadores.
Lesividad
La decisión de iniciar este procedimiento legal está basada en el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, C-369-2020 de 17 de setiembre del 2020, en el cual se establece que estas pensiones se deben mantener con el tope que mencionaba la Ley de Pensiones de Hacienda al momento de recibirla.
“Estamos trabajando en ordenar la casa, no puede ser que en Costa Rica haya personas que reciban más dinero del que la ley permite, esto se tiene que acabar. Esperamos que este proceso sea favorable porque las finanzas del Estado lo necesitan con urgencia”, mencionó el presidente Chaves Robles.
Actualmente el monto de las pensiones que reciben los exlegisladores no puede superar el salario de un diputado actual, es decir, ¢3.982.371, por lo que con la resolutoria de este proceso el gobierno espera que se llegue a un ahorro promedio a ¢3.536.865.547 anuales.
También la ministra Esquivel Rodríguez solicitará una investigación a la Auditoría Interna de la Dirección Nacional de Pensiones, para determinar las causas por las que se promovieron dichos aumentos por encima del tope establecido.
