Este jueves 4 de agosto la Presidencia de la República recibió la notificación de un Recurso de Amparo que presentó el Grupo Nación el pasado 29 de julio del 2022 por cese temporal al permiso de funcionamiento del Parque Viva. Los argumentos presentados por La Nación son absurdos y alejados de la realidad.

En el recurso, utilizan argumentos incoherentes con los que La Nación disfraza la violación al Derecho a la Salud Pública como una defensa a la libertad de prensa.

Los alegatos mencionan que el flujo de caja delParque Viva paga los salarios de los periodistas del Periódico La Nación. Por tanto, justifican que el levantamiento temporal del permiso de funcionamiento es un atentado contra la libertad de prensa.

Este argumento es absurdo ya que, si esta agrupación tuviera actividades criminales para pagar el salario de sus periodistas, el Gobierno no podría hacer cumplir la ley porque, bajo la extraña lógica de La Nación, sería un ataque a la libertad de prensa.

El Gobierno de la República presentó el 13 de julio de 2022 la evidencia por la que tuvo la obligación de cerrar dicho parque. Además, el Presidente en la conferencia de prensa del pasado miércoles 3 de agosto, expuso el informe del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), el cual revela que los permisos de construcción y operación obtenidospor Grupo Nación tienen anomalías e irregularidadescon respecto al marco jurídico.

El pasado 12 de julio el Colegio de Periodistas de Costa Rica se pronunció indicando que el cumplimiento de la Ley con respecto a la situación sanitaria del Parque Viva no es una amenaza, ni atenta contra la libertad de prensa.

Tanto la Presidencia de la República, como las instituciones del Estado están conscientes del papel fundamental que juegan los medios de comunicación, por lo que reiteran el compromiso con la libertad de prensa y de expresión, sin embargo, esas libertades no implican permitir ilegalidad de parte de quien tenga un medio de comunicación.

“Respetuosos de la independencia que gozan las señoras y señores magistrados de la Sala Constitucional, confiamos en que este asunto se resolverá de la manera adecuada, y que los intereses de la población prevalezcan sobre los de un grupo de poder económico,” finalizó el presidente Chaves Robles.