El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) contrató una auditoría externa para determinar si existían o no, irregularidades en las órdenes de servicio del proyecto de Ruta 32, dando como resultado que existieron contrataciones irregulares por más de dos millones setecientos mil dólares.
La Administración Chaves Robles sospechó de una serie de inconsistencias en el proyecto de Ruta 32, por lo que el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez y el director de Conavi, Mauricio Batalla Otárola, solicitaron al Consejo de Administración de la entidad la contratación, en noviembre anterior, de la auditoría externa, la cual se realizó entre enero y mayo de este 2023.
A finales de la semana pasada, el Conavi recibió el informe de dicha auditoria, determinando dentro de los hallazgos, que el gestor CACISA cobró un 5% adicional en las órdenes de servicio, es decir, un 10% en lugar del 5% correspondiente, lo que equivale a cerca de 425 mil dólares.
Además, le pagaron a una reconocida periodista un total de 732 mil dólares, pero no sólo en el tema de comunicación hubo gastos excesivos, sino que en servicios jurídicos se hicieron desembolsos por más de 400 mil dólares.
Otro de los graves hallazgos detectados por la auditoría externa fue la contratación a CACISA para realizar obras sin estar inscrito en Hacienda para ese fin.
En cuanto a los diseños, hicieron contrataciones por más de 1,2 millones de dólares sin pasar por la Contraloría General de la República y sin tener las tres cotizaciones requeridas, pero además sin pasar por la aprobación de la Dirección Ejecutiva.
Ante estas revelaciones de la auditoría externa se tomaron medidas preventivas como la remoción del gerente de la unidad ejecutora del proyecto, contrataron un ingeniero externo para que estuviera supervisando tanto a la unidad ejecutora de Conavi, como a la empresa CHEC y al consorcio gestor CACISA CAMACHO Y MORA. Asimismo, tomaron la decisión de no extender el contrato al gestor, promoviendo una contratación para un nuevo gestor del proyecto.
Finalmente, el Consejo de Administración del Conavi acordó solicitarle a la Gerencia de Asuntos Jurídicos valorar las presuntas irregularidades y sus eventuales responsables de las actuaciones indicadas, para su remisión al Ministerio Público ante la presunta comisión de delitos en este proyecto.
