Hoy a las 3:00 p.m en el Segundo Circuito Judicial de Alajuela en San Carlos podría leerse el por tanto, relacionado a un juicio contra una organización criminal relacionado con trata de personas desarticuladas en noviembre del año 2020 en Fortuna de San Carlos y otras partes del país.
En aquella ocasión la Policía Profesional de Migración (PPM) de Costa Rica, bajo la dirección funcional de la Fiscalía de La Fortuna de San Carlos, desarticuló una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, liderada por un matrimonio compuesto por un hombre de nacionalidad dominicana y una mujer nicaragüense .
Los líderes serían dos extranjeras es una relación sentimental , un hombre de nacionalidad dominicana y una mujer nicaragüense, quienes realizaban este tipo de actividades en diferentes puntos y lucrándose a partir del proceso de explotación.
En ese momento la policía realizó diferentes allanamientos en San José, Cartago, Guanacaste y Alajuela, deteniendo a doce personas de apellidos Chavarría Sevilla (madre e hijo, uno de ellos líder), Sánchez Pérez (líder), Mejía Vega, Cruz Isaguirres, Santamaría Caballero, Eguigure Toruño, Chavarría, Zeledón Chavarría, Altamirano Ampie, nacionalidades costarricenses, nicaragüenses, dominicanos y panameños, todos investigados por el delito de Trata de Personas.
Según migración y extranjería la investigación inició en el 2019, a partir de labores preventivas realizadas por la Policía Profesional de Migración, donde se detectaron indicadores del delito de Trata de Personas; a partir de ese momento se iniciaron las diligencias policiales de investigación, logrando comprobar que existía una organización criminal conformada por colaboradores encargados de administrar diferentes establecimientos comerciales utilizados para la explotación sexual de mujeres, quienes mediante anuncios en periódicos locales, redes sociales eran captadas personas costarricenses y extranjeras (nicaragüenses, mexicanas, panameñas, dominicanas y colombianas) que se encontraban en una condición de vulnerabilidad, ofreciéndoles ofertas laborales a cambio de altas sumas de dinero”
Esta red criminal al parecer contaba con un alto nivel económico, quienes a pesar de la pandemia por el Covid-19, se organizaron para seguir operando de forma clandestina en los locales comerciales, aún con las restricciones establecidas por el Ministerio de Salud, en meses anteriores.
Uno de los operativos realizados fue en un local del barrio Amon ubicado en San José
de aquí se logra extraer de todos los objetivos un aproximado de 40 mujeres quienes se encontraban en este proceso de explotación y de doce personas que se tenían de ubicadas, se tenían identificadas y como miembros de esta esta estructura se logran detener los 12 componentes de la estructura criminal quienes la policía de migración durante este proceso de migración que supera los 8 meses logró demostrar que pertenecían a esta estructura criminal” aseguró el Comandante Alonso Soto.
Según la policía de migración aquí se cobraba por la actividad desde 16 mil hasta 500 mil colones, es decir desde los 26 hasta los 800 dólares de acuerdo al perfil y solicitud del cliente, que consistía en trasladar a la víctima al lugar solicitado. Asimismo, la organización sometía a las víctimas a permanecer en los establecimientos bajo diferentes medios de coacción y amenaza, se les impedía salir de los lugares sin previa autorización de los ahora imputados, y en ocasiones eran obligadas a consumir drogas.
Los ahora imputados fueron presentados en los Tribunales de Justicia de San Carlos y enfrentarán cargos por el delito de Trata de Personas. Esta actividad delictiva se encuentra normada en el artículo 172 de la Ley N°4573, Código Penal de Costa Rica, en la cual tiene una pena de prisión de ocho a dieciséis años con los agravantes relacionados.
