Inamu expresa indignación por tanta violencia contra las mujeres

La violencia contra las mujeres no cesa. Datos de ONU Mujeres señalan que 736 millones de mujeres, es decir, una de cada tres mujeres en el mundo, ha experimentado alguna vez en su vida violencia física o sexual; la mayor parte de la violencia contra las mujeres es ejercida por sus maridos o parejas íntimas o por parte de sus exmaridos o exparejas; alrededor de 47.000 mujeres y niñas fueron asesinadas en el 2020 por su pareja sentimental o por algún familiar.

Esta realidad mundial también subyace en Costa Rica. Noticias de niñas y adolescentes violadas y hasta embarazadas, mujeres abusadas sexualmente, mujeres agredidas física y psicológicamente, mujeres cosificadas, mujeres víctimas de trata y explotación sexual, mujeres víctimas de violencia en la política, mujeres acosadas sexualmente en espacios públicos, mujeres hostigadas sexualmente en sus trabajos o en los centros educativos, mujeres asesinadas por un hombre machista que se creyó superior a ella y por eso la mató, en muchísimos casos en quien confió por ser su pareja íntima o de su círculo familiar cercano.

Costa Rica ha firmado convenios internacionales que obligan al aparato estatal a proteger a las niñas, adolescentes y mujeres en general. La Convención de Belén do Pará señala, por ejemplo, que la violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a las mujeres el ejercicio de tales derechos y libertades.

Por su parte, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, (conocida por sus siglas en inglés como CEDAW) define la discriminación hacia la mujer y establece acciones para su eliminación, como la promoción de cambios estructurales en todos los niveles: desde conductas, percepciones y actitudes individuales, hasta las prácticas institucionales, así como las estructuras del poder social y económico.

Costa Rica, por medio del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), como su Mecanismo de Acción para promover la igualdad, la eliminación de diferentes manifestaciones de discriminación ha trabajado desde su creación en promover el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres en su diversidad; así como su autonomía, inclusión, empoderamiento y la eliminación de la violencia sólo por el hecho de ser mujeres, en coordinación con otras instituciones estatales y la sociedad civil. Para ello, ejerce la rectoría de dos políticas públicas nacionales: la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres en Costa Rica 2018-2030 (PIEG) y la Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres 2017-2032 (PLANOVI), pero el cumplimiento de estas políticas no depende solo del INAMU, depende del compromiso de los tres Poderes de la República, de los Gobiernos Locales, de las empresas privadas, de los medios de comunicación y demás actores sociales de nuestro país, incluyendo a cada persona habitante de Costa Rica. Todos y todas podemos contribuir a la solución, no ser testigos pasivos de este cotidiano mal social.

Hemos logrado grandes avances, pero debemos estar conscientes de que aún se mantiene y reproduce constantemente un sistema patriarcal de creencias y modelos de conducta, que definen roles, mandatos y estereotipos para las mujeres y para los hombres. En estos se encuentran obstáculos para la igualdad, que pautan nuestras vidas día a día.

El Poder Judicial, por ejemplo, es víctima de ese sistema patriarcal. En algunos casos, el sistema de justicia se ha visto empañado por conductas aprendidas desde el patriarcado que justifica miles de acciones machistas tanto en hombres como en mujeres, al punto de obstaculizar el cumplimiento de esa tan anhelada justicia pronta y cumplida y que termina empujando a las mujeres a abandonar procesos. Indiferencia e indolencia pueden hacer tanto daño que perpetúan la violencia directa.

Otro actor importante en el combate de la violencia machista son los medios de comunicación. Los likes o “me gusta” nunca podrán estar por encima de la responsabilidad que poseen los medios de comunicación de informar de la forma más imparcial posible, su llamado es a cumplir con su rol de formación y de educación ciudadana. No es válido que se generen noticias sin verificar las fuentes de información correcta, incluso hasta poniendo en riesgo procesos judiciales o, lo que es peor, la integridad de mujeres víctimas de violencia machista.

El machismo o patriarcado entraña la idea de inferioridad (debilidad) de las mujeres con respecto de lo masculino, los hombres. Esas creencias reproducidas en historietas, chistes, bromas, actitudes, silencios, narrativas y en muchos casos expresas y soeces palabras. Cambios en creencias, en la cultura que permea nuestros comportamientos deben transformarse. Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en este campo.  Son formadores de opinión, pueden perpetuar el machismo o ayudar a cambiar esas creencias que subyacen a las diferentes manifestaciones de violencia contra las mujeres

Parte del esfuerzo del INAMU contra la violencia contra las mujeres es nuestro compromiso para garantizar su integridad y trabajar de forma incansable para que, todo el aparato estatal, se comprometa de forma armoniosa y logre articular acciones a partir de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres en Costa Rica y de la Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres que realmente le permitan a las mujeres vivir libres de todo tipo de violencia y discriminación y teniendo acceso pleno a sus derechos. Acciones concretas que realizamos, incluyen la representación de mujeres en situaciones de violencia, en procesos judiciales. Son los jueces y juezas quienes -después de un proceso- decidirán sobre la valoración de los hechos. Los procesos son complejos y pueden tener diversas instancias, a veces unos hechos complejos, ameritan diferentes procesos. Mientras, en la medida que los recursos nos lo permitan, estaremos como institución atenta a proteger la integridad de las mujeres que solicitan nuestros servicios, aunque su presunto agresor sea poderoso e influyente.