El OIJ destaca que, a pesar de que la regla general indica que las desapariciones en mayores de 12 años suelen estar relacionadas con fugas del hogar con personas adultos.
Se calcula un promedio de 14 casos o más casos de desapariciones por mes. Esta cifra no solo es motivo de preocupación, sino que también revela una realidad alarmante que afecta a los menores de edad.
Un 79,3% de las desaparicionesson niñas, y el 20% de ellas tiene 14 año.s
En cuanto a la distribución geográfica, el 82,7% de los menores desaparecidos son costarricenses, y todas las provincias han experimentado un aumento en los casos.
Las alertas por desaparición, consideradas como actos preventivos, son registradas por la policía. Experiencias anteriores han demostrado que estas alertas pueden ser cruciales para prevenir delitos más graves, como homicidios. Aunque en algunos lugares, como Canadá, estas acciones preventivas incluyen la divulgación extensa de imágenes y datos del menor, en nuestro país, son llevadas a cabo exclusivamente por la policía.
El niño es víctima de abuso: físico, psicológico o sexual.Los padres tienen problemas personales (drogadicción, problemas mentales, alcoholismo o están involucrados en actividades delictivas. El niño fue llevado a un hogar que no es el de su familia y no ha sido positivo para él.
Algunas causas de la desaparición de niñas, niños y adolescentes son: abandono de hogar de forma voluntaria, robo, sustracciones familiares, dificultades familiares, incomprensión, falta de atención y amor, problemas relacionados con dinero, trata de personas, problemas relacionados con redes sociales, dificultades relacionadas con problemas mentales, problemas relacionados con la seducción, migración, violencia escolar, violencia familiar, violencia de género, violencia sexual y embarazos.
A pesar de la existencia de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y que en ella se incluyen aspectos de niñez y adolescencia, las mismas no cuentan con una visión de prevención.
En la actualidad, cuando se recibe una llamada reportando la desaparición de un menor, se activa una primera alerta dirigida a Seguridad Pública, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Migración y Relaciones Exteriores. Este protocolo se implementa de manera discreta, sin divulgar información al público en general. Posteriormente, una vez que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirma la autenticidad del caso y coordina esfuerzos para involucrar a toda la nación en la búsqueda del menor desaparecido, se emite una alerta nacional.
Es importante destacar que en el caso de menores de 13 años, todas las instituciones pertinentes toman medidas inmediatas sin esperar el análisis exhaustivo del OIJ. En estos casos, la respuesta es activada de inmediato, y las acciones se llevan a cabo simultáneamente con el proceso de verificación del OIJ. Esta decisión se toma para maximizar la prontitud y eficacia en la búsqueda del menor, reconociendo la urgencia y sensibilidad que estos casos requieren.
La alerta nacional se difunde a través de todas las empresas telefónicas y medios de comunicación, movilizando a la sociedad en general para colaborar en la localización del menor desaparecido. Este enfoque integral busca aprovechar todos los recursos disponibles y la participación activa de la comunidad en la búsqueda, contribuyendo así a la pronta ubicación y seguridad del menor involucrado.
