Los territorios indígenas Cabécar de Bajo Chirripó y Alto Laguna Guaymí de Sierpe de Osa, Puntarenas de Costa Rica, recibieron más de 179 millones de colones, provenientes de acciones climáticas por la reducción de emisiones forestales generadas en sus bosques en el período retroactivo 2018-2024, en el que participan de manera voluntaria.
El pago lo formalizó el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, el día de hoy en la conferencia de prensa previa al Consejo de Gobierno y es posible, gracias a un extenso proceso de consulta y trabajo conjunto, con el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal del Ministerio de Ambiente y Energía (Fonafifo-MINAE), que culminó con la elaboración de sus Planes Ambientales Forestales Territoriales (PAFT).
Para el mandatario, “Es un hito para el país ser el primero en el mundo en lograr trabajar con los 24 territorios indígenas por medio de los PAFT, que son herramientas de inclusión a nivel territorial, donde se integran los diferentes miembros de la comunidad como lo son las mujeres, los jóvenes, los líderes comunales y los mayores entre otros. Además, es el mecanismo establecido para fijar las salvaguardas culturales territoriales que son definidas por los propios habitantes de cada territorio”.
Los PAFT son importantes para los territorios indígenas, pues promueven la inversión de recursos directos en sus territorios, pero además, éstos son un requisito para acceder a recursos de finanzas climáticas por medio del Contrato de Reducción de Emisiones Forestales (CREF), un mecanismo financiero del MINAE-Fona fifo, realizado para la implementación de recursos en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, que hace referencia a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, debidas a la deforestación y degradación de los bosques.
Según explicó el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, actualmente hay 8 PAFT finalizados a nivel nacional, estos son: Ujarrás, Talamanca Cabécar, Kekoldi, Boruca, Malecu, Abrojo Montezuma, Alto Laguna y Bajo Chirripó, por otro lado, 2 de ellos estánesperando ser validados en sus comunidades, mientras 14 se encuentran en proceso de construcción y finalización.
“Estos territorios indígenas ya han recibido más de quinientos millones de colones por concepto de implementación de los PAFT, en el marco de la Estrategia Nacional REDD+. Los PAFT son un instrumento de planificación de gran importancia para el gobierno, pues las comunidades y los grupos del territorio, identifican las necesidades que poseen, con respecto a temas relacionados con saneamiento de los territorios, seguridad jurídica, el pago por servicios ambientales, enfoque y concepto de bosque desde la cosmovisión indígena, áreas silvestres protegidas, así como mecanismos de monitoreo y seguimiento participativo.
“Como territorio el proceso del PAFT ha sido todo un reto a nivel territorial. Muchas personas, lideres y mayores han decidido participar en la elaboración de la herramienta, utilizando una de las estrategias más inclusivas a nivel comunal pues hemos ido a las comunidades a fomentar el diálogo, es nuestro trabajo como líderes. La comunidad ha hecho mucho énfasis a la protección de ambiente y se han apropiado de la herramienta, la comunidad se siente perteneciente al proceso. No ha sido sencillo ha requerido inversión en tiempo, recursos y trabajo logístico. La ADI ha tomado la decisión de seguir con este proceso de años, hasta finalizarlo y hemos trabajado de la mano con las instituciones, todo ha salido bien y los resultados de muchos años se ven hoy” estableció Farlin Artavia Pino, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Bajo Chirripó.
Las actividades realizadas para la elaboración de los PAFT son financiadas con los recursos alcanzados por el país en el año 2020 con el Fondo Verde del Clima, gestionado por Fonafifo y el apoyo técnico del Proyecto Pago Basado en Resultados del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo; entidad administradora de los recursos.
Estas herramientas, fueron desarrolladas mediante el diálogo de un proceso participativo de información, preconsulta y consulta, realizado bajo la cosmovisión indígena, el marco legal costarricense y el convenio 169 de la OIT, así como también salvaguardas y políticas operacionales del Banco Mundial y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo respectivamente. De esta forma se planteó el trabajo conjunto entre los pueblos indígenas y el Ministerio de Ambiente y Energía, para así definir las acciones en materia ambiental y forestal dentro de los territorios indígenas.
