La sentencia emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha generado un impacto significativo al condenar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y al Hospital La Anexión de Nicoya por las deficiencias en la atención médica brindada a la bebé Isabella del Milagro.
Este caso, que lamentablemente resultó en el fallecimiento de la menor en el Hospital de Puntarenas, ha puesto de manifiesto la importancia de garantizar la calidad y eficiencia en los servicios de salud.
El recurso de amparo presentado por la madre de Isabella, en el que se denunciaron las carencias en los cuidados necesarios para la supervivencia de la bebé prematura, ha sido acogido por la mayoría de los magistrados de la Sala Constitucional.
Esta decisión no solo condena a la CCSS a pagar las costas, daños y perjuicios ocasionados, sino que también exige la adopción de medidas correctivas para prevenir futuras negligencias médicas similares.
La magistrada Anamari Garro Vargas ha mostrado su disidencia en el fallo, solicitando un informe adicional que analice las decisiones tomadas por la Junta Directiva de la CCSS y las medidas implementadas desde febrero de 2024 en relación con este caso específico.
Esta solicitud refleja la importancia de una revisión exhaustiva de los protocolos y acciones tomadas por las autoridades sanitarias para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en casos de esta naturaleza.
La sentencia también destaca la necesidad de que las instituciones de salud pública, como la CCSS, asuman la responsabilidad de proporcionar una atención integral y de calidad a todos los pacientes, especialmente a aquellos en situaciones de vulnerabilidad como los recién nacidos prematuros.
Es fundamental que se implementen medidas efectivas para garantizar que tragedias como la de Isabella del Milagro no se repitan en el futuro.
