Era sábado 26 de abril en Guácimo, Limón, cuando la vida de una madre cambió por completo. María Fernanda Monge Obando, su hija de apenas 14 años, no regresó a casa. El reloj avanzaba y con cada minuto crecía la angustia. Al caer la noche, la mujer, desesperada, recurrió a sus redes sociales: no solo pidió ayuda para encontrar a su hija, sino que también señaló a un hombre como responsable de su desaparición.
Ese nombre era Lucas Ortiz Hernández, un ciudadano nicaragüense. Según su denuncia pública, él sería quien se llevó a María Fernanda fuera del país. La joven habría sido sacada bajo engaños, aprovechando su vulnerabilidad, y trasladada ilegalmente por un punto ciego en la frontera norte. Desde entonces, su rastro se perdió en tierras extranjeras.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) inició una pesquisa que pronto cruzó las fronteras. Con base en testimonios y pistas, las autoridades costarricenses determinaron que la menor podría encontrarse en Chinandega, Nicaragua, una zona donde el sospechoso tiene conocidos. La alerta migratoria fue activada desde el domingo siguiente a la desaparición, con el fin de agilizar la búsqueda y facilitar la cooperación internacional.
Lo que más duele, dicen allegados, es la manera en que se presume fue manipulada: con promesas falsas o vínculos emocionales que no justifican el traslado de una menor, menos aún sin consentimiento materno ni garantías de su bienestar.
Hoy, la familia de María Fernanda solo pide que vuelva a casa sana y salva. Mientras tanto, la investigación continúa y las autoridades trabajan en conjunto con sus pares nicaragüenses para ubicar tanto a la joven como al sospechoso. En Guácimo, los vecinos se mantienen en vilo, esperando noticias que les devuelvan la tranquilidad y que permitan abrazar nuevamente a María Fernanda.
