La liberación anticipada de un hombre condenado por homicidio ha generado una ola de indignación entre los allegados de Otoniel Orozco Mendoza, ciudadano nicaragüense asesinado a sangre fría frente a su vivienda en Guachipelín de Escazú.
El responsable, identificado como Ramírez Zamora, fue sentenciado a 20 años y dos meses de cárcel tras confesar su participación en el crimen, ocurrido el 3 de junio de 2023. El ataque se produjo luego de una discusión entre las esposas de ambos hombres, que escaló hasta convertirse en un acto letal perpetrado en plena vía pública y frente a las cámaras de seguridad del residencial Río Palma.
Las imágenes del ataque, ampliamente difundidas en redes sociales y medios de comunicación, mostraron la violencia con la que se ejecutó el asesinato, generando consternación en todo el país.
Pese a la gravedad del delito y a que fue condenado en diciembre de 2024 bajo un procedimiento especial abreviado —que le permitió evitar un juicio completo a cambio de aceptar los cargos—, Ramírez recibió recientemente el beneficio de arresto domiciliario.
De acuerdo con el abogado de la familia Orozco, Rodrigo Araya, la medida fue otorgada por una jueza del Tribunal de Pavas, argumentando razones médicas tras una cirugía a la que fue sometido el sentenciado. No obstante, los informes médico-legales señalaban que su recuperación no superaría las seis semanas, por lo que resulta incomprensible que el beneficio se extienda hasta septiembre.
Aún más alarmante, el arresto domiciliario no incluye el uso de brazalete electrónico ni vigilancia constante, únicamente una visita semanal de parte de la policía, lo que para los familiares representa una burla a la justicia.
“El dolor de perder a Otoniel sigue presente, y ahora su asesino está tranquilo en su casa, sin custodia real. La justicia no puede ser tan permisiva con un crimen de esta naturaleza”, denunció Araya. “Un procedimiento abreviado no debería convertirse en una puerta para el privilegio y la impunidad”.
La familia de Orozco exige una revisión urgente de la medida, asegurando que el fallo no solo agravia la memoria de la víctima, sino que envía un mensaje de impunidad ante actos de violencia extrema.
