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Fiscalía acusa a presidente Rodrigo Chaves y seis altos funcionarios por presunto financiamiento ilícito de campaña
La Fiscalía General de la República presentó este lunes una acusación formal ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia contra siete altos jerarcas de los Supremos Poderes, a quienes señala por supuesta participación en un esquema de financiamiento político irregular durante la campaña electoral 2022-2026.
Entre los acusados figuran el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, así como el primer vicepresidente Brunner Neibig, el canciller André Tinoco, y cuatro diputados oficialistas: Pilar Cisneros Gallo, Luz Mary Alpízar Loaiza, Paola Nájera Abarca y Waldo Agüero Sanabria.
La acusación se tramita bajo el expediente 22-000116-1218-PE y fue suscrita directamente por el fiscal general Carlo Díaz, en atención a la normativa que regula los procesos penales contra funcionarios con inmunidad constitucional.
Dos estructuras paralelas
Según detalló el Ministerio Público, la causa gira en torno a la supuesta utilización de dos mecanismos paralelos de financiamiento electoral que operaron fuera del control del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Tesorería del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Las estructuras señaladas son:
- Un fideicomiso privado.
- Las cuentas bancarias personales de una mujer apellidada Agüero, quien enfrenta un proceso penal por separado bajo el expediente 22-000210-0276-PE, investigado por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).
Violaciones al Código Electoral
La Fiscalía sostiene que ambos canales de financiamiento habrían operado en contravención de los principios de legalidad, transparencia y publicidad establecidos en el Código Electoral. De confirmarse los hechos, estos habrían afectado directamente la integridad del proceso democrático en el país.
“El ordenamiento jurídico costarricense es claro al exigir que todas las contribuciones políticas provengan de personas físicas nacionales plenamente identificadas, y que se canalicen a través de mecanismos oficiales del partido político correspondiente”, señaló la Fiscalía en su comunicado oficial.
En este caso, la acusación invoca presuntas violaciones a los artículos 273, 274 inciso e), 275 inciso a) y b) del Código Electoral.
Lo que viene
Con la presentación de la acusación, la Corte Suprema de Justicia deberá analizar los argumentos del Ministerio Público. Si considera que existen fundamentos suficientes, podría solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero constitucional que protege a los funcionarios señalados, lo cual permitiría su juzgamiento formal.
Este proceso marca un hecho inédito en la historia reciente del país, pues involucra al actual mandatario y a varios miembros clave de su equipo político y legislativo. La defensa de los acusados aún no se ha pronunciado públicamente sobre la acusación.
