- Magistrados calificaron como “irrazonable” envío de respuesta de parte del Minae a la petición que se hizo desde diciembre solicitando un informe de evaluación ecológica en Crucitas.
- Legisladora lamenta que se tuvo que acudir a la presentación del recurso de amparo para asegurar el derecho de acceso a la información.
La Sala Constitucional le dio la razón a la diputada María José Corrales del Partido Liberación Nacional (PLN) y declaró con lugar un recurso de amparo que interpuso contra el ministro de Ambiente y Energía Carlos Manuel Rodríguez, por no enviar en el plazo de ley un informe de evaluación ecológica sobre la situación en Crucitas de Cutris, San Carlos.
En la respuesta al expediente 20-000985-0007-CO, emitido por los magistrados constitucionales, se concluye que se acoge el recurso de conformidad con el artículo 52 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.
El motivo del amparo fue el incumplimiento por parte del Minae de un informe que se solicitó desde el 2 de diciembre del año anterior sobre Crucitas en el oficio FPLN-MJCCH-245-2019.
La diputada Corrales conoció de la existencia de dicho informe luego de asistir a una Asamblea del Consejo Regional de Desarrollo (Coredes) celebrada en San Carlos, el 29 de noviembre, En esa actividad, la directora del Área de Conservación Arenal Huetar Norte (ACAHN) del Minae, Mariana Jiménez, aseguró públicamente que existía el citado informe de evaluación ambiental.
El Ministro de Ambiente contestó la solicitud el 18 de diciembre a través del oficio DM-1329-2019, solicitando una prórroga para el envío de la información, la cual se concedió hasta el 15 de enero de este año.
“Es una muy buena noticia la resolución del recurso de amparo. Estamos solicitando información de alto interés público, sobre una situación preocupante que ya se ha evidenciado por la destrucción ambiental que se vive en Crucitas y el Gobierno lo que ha hecho es faltar a la transparencia, teniendo los datos a mano. Esa falta de voluntad es algo alarmante”, manifestó la diputada María José Corrales.
“Irrazonable”
Luego de presentado el recurso de amparo, el 20 de enero, el Minae remitió al despacho de la diputada Corrales un informe en respuesta a la solicitud.
Sin embargo, para los magistrados constitucionales, “al haber pasado dos meses desde que se presentó la solicitud de información, ese plazo resulta irrazonable pues excede ampliamente el de 10 días a partir de la fecha de interposición de la gestión, según lo dispuesto en los artículos 27 y 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional”, señaló el texto de la resolución.
Al respecto la diputada Corrales argumentó que es “lamentable, que tengamos que acudir a estas instancias para hacer valer un derecho. De no haber sido presentado este recurso, de parte del Minae no hubiese existido la voluntad para entregar la información en la forma precisa. El tiempo pasa y las soluciones para Crucitas se retrasan por ese tipo de situaciones, arriesgando aún más la seguridad ecológica en la zona”.
Ante la falta de acciones por parte del Gobierno, la legisladora presentó el 11 de setiembre anterior el proyecto de ley 21.584 para el Desarrollo Social Mediante la Regulación de la Actividad Minera Metálica, el cual se encuentra en trámite en la Comisión de Asuntos Sociales.
El texto no fue convocado por el Poder Ejecutivo para el actual periodo de sesiones extraordinarias.
Producto de la minería ilegal que se desarrolla en la zona, se está presentando una tala indiscriminada de árboles, uso ilegal de mercurio que se deposita en ríos, quebradas y sedimentos y la excavación de túneles de hasta 20 metros de profundidad por parte de coligalleros.
