Arrancan mesas de trabajo interinstucionales por proyecto de minería
• Representantes del Ministerio de Ambiente, del Colegio de Geólogos y diputados fueron convocados a participar en la propuesta de mejoras del proyecto 21.584 de la diputada María José Corrales.
Con el objetivo de hallar puntos de consenso, mañana arrancarán las mesas de trabajo interinstitucionales para analizar y aportar mejoras al proyecto de ley 21.584 Ley para el Desarrollo Social Mediante la Regulación de la Actividad Minera Metálica.
El proyecto, de la diputada María José Corrales, del Partido Liberación Nacional (PLN), busca regular la actividad minera ilegal en el país, principalmente aquella que se realiza en la zona de Crucitas, en Cutris de San Carlos y que ha provocado graves perjuicios ambientales, sociales, económicos, de salud y de seguridad.
“Este proyecto responde a un esfuerzo de los últimos dos años, consultas con expertos, análisis de informes y visitas a la zona para ofrecerle al país una propuesta de solución integral a esta grave problemática. Como parte de ese esfuerzo, estamos anuentes a que el texto pueda mejorarse, con el aporte de otros compañeros diputados y de representase de instituciones vinculadas al tema. Esa es la razón de ser de estas mesas de trabajo”, señaló la diputada María José Corrales.
Las mesas de trabajo se aprobaron en una moción durante el conocimiento de este proyecto de ley en la Comisión de Asuntos Sociales, el 25 de noviembre anterior.
Ese día, se acordó la realización de al menos cinco mesas de trabajo, donde participarán diputados miembros de la Comisión, diputados que no forman parte de la Comisión, así como representantes de la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía, del despacho de la ministra de Ambiente, Andrea Meza y del Colegio de Geólogos de Costa Rica.
En análisis
El proyecto 21.584 fue presentado por los diputados María José Corrales y Jorge Luis Fonseca el 11 de setiembre del 2019.
Su principal objetivo es regular la actividad minera metálica mediante el establecimiento de parámetros y procedimientos indispensables para promover el uso eficiente de los minerales metálicos existentes. Para ello, el Poder Ejecutivo podrá conceder concesiones de exploración, explotación y beneficiamiento.
Se establece que no se darán concesiones en parques nacionales, reservas biológicas, reservas forestales y refugios de vida silvestre. Además, se prohíbe la explotación en áreas que la Comisión Nacional de Emergencias considere que estén asociadas a amenazas naturales.
Los tipos de concesiones que se podrán otorgar son el desarrollo de minería artesanal, minería pequeña o minería mediana. Para los permisos de exploración, explotación y beneficiamiento, la viabilidad ambiental certificada emitida por Setena sería un requisito indispensable.
A través de una Comisión Mixta de Monitoreo Ambiental (Comima), que tendrá representación de funcionarios de Setena, la Dirección de Geología y Minas, la municipalidad donde opera el proyecto, asociaciones comunales y de organizaciones no gubernamentales ambientales, se dará seguimiento y fiscalización ambiental en toda actividad minera metálica bajo concesión.
Finalmente, se plantea un impuesto del 10% sobre las ventas brutas que realicen los concesionarios. Los recursos fortalecerán las arcas estatales, programas sociales y el desarrollo de los cantones donde opere el proyecto.
“Este Gobierno no ha cumplido su promesa de proponer una solución integral para el problema de Crucitas y de la minería ilegal. Su desinterés se ha manifestado en estos casi tres años de gestión, mientras que la destrucción persiste en la zona, a vista y paciencia de todos. De ahí la importancia de que este proyecto pueda impulsarse y avanzar en su tramitación”, aseguró la diputada María José Corrales.
