Los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminaron en forma positiva el expediente 21984 adición de un inciso 7 al artículo 229 del Código Penal.

La pena podría ir hasta 6 años de cárcel para aquellas personas que alteren medidores o que capten fuentes de aguas para su aprovechamiento sin los debidos permisos..

Esto porque se deja sin agua a otras personas. Además hay que tener en cuenta que el agua es un público, regulado por el Estado.