Algunos actos de violencia entre estudiantes del CTP de Upala preocupa a padres de familia y autoridades del cantón, ya que se han repetido en varias ocasiones, la más recientes ayer en media vía pública frente a la oficinas del IMAS.
Dos jovencitas se agarraron en media calle, según se puede apreciar en un video que circula en redes sociales, lo que muestra algún grado de violencia que experimentan algunos jóvenes de la institución y que debería ser analizados por el personal del colegio.
Ante los hechos de ayer, en media vía varios transeúntes tuvieron que intervenir para separar a dos jóvenes estudiantes.
Según información extraoficial hoy se reunirían autoridades de colegio para analizar el tema y si es posible tomar medidas, ya que al parecer los hechos se han repetido en varias ocasiones y preocupa el grado de violencia de algunos estudiantes.
- Cabe mencionar que las personas funcionarias públicas tienen la obligación, por ley, de denunciar si observan o se enteran de delitos en perjuicio de niñas, niños o adolescentes.
Esta realidad hace que el rol de educadoras y educadores se vuelva primordial en la prevención y denuncia de hechos de este tipo, tal como lo reveló la fiscala adjunta de la Niñez y la Adolescencia, Rocío De la O Díaz, en una información del Ministerio Público.
“En centros educativos la violencia se manifiesta de diversas formas, de manera física, con golpes o enfrentamientos; verbal, con ofensas, intimidación o amenazas; se puede dar por escrito también, con sustracción de bienes, también podrían estar en riesgo de ser víctimas de conductas sexuales y no podemos obviar que en esta época están en boga las redes sociales, entonces se da por Internet, con el ciberbullying”, dijo.
La Fiscala Adjunta resaltó que la mayoría de estas consultas también implican la comisión de delitos, entre los que se podría mencionar agresión con arma, lesiones, amenazas agravadas o personales, hurto, robo y suministro o venta de drogas.
¿Qué hacer? De la O hizo énfasis en que la ley establece la obligación para las personas funcionarias públicas de denunciar cuando se enteren de la comisión de este tipo de hechos, ya sea porque los observen, se los comente una tercera persona o la propia víctima se los confíe.
Si lo ocultan o faltan a este mandato, estarían cometiendo el delito de incumplimiento de deberes y, en el caso del personal de centros educativos privados, que no tiene la condición de funcionariado público, callar situaciones de esta naturaleza podría configurar el delito de favorecimiento personal, además de la posibilidad de enfrentar consecuencias a nivel civil y administrativo.
La Fiscala subrayó que la denuncia se debe hacer de forma inmediata, en la Fiscalía o delegación del OIJ más cercana o por medio del Patronato Nacional de la Infancia.
Señales. Sobre la forma de detectar que una niña, niño o adolescente puede estar siendo víctima de violencia, De la O afirmó que el personal de escuelas y colegios debe estar atento al comportamiento y ciertas señales que se presenten.
“El docente debe hacer un análisis y una valoración integral de todas las evidencias que está dando esta persona menor de edad; en muchas ocasiones hemos tenido casos en los que se observa personas que tienen golpes, quemaduras o lesiones, con síntomas de desnutrición, falta de higiene o un estado marcado por la tristeza, depresión o aislamiento”, explicó.
“Si la persona revela a alguna profesora o profesor que está siendo castigada o qué está siendo abusada sexualmente, es importante tomar nota de eso de forma inmediata, de manera textual, sin hacer interpretaciones y sin consignar lo que como educador le parece, sino consignando lo que el niño o niña dice; se coloca entre paréntesis lo que esto significa y si realizó algún gesto con sus manos o señaló alguna parte del cuerpo; todo esto sin caer en la revictimización, es decir, sin preguntarle constantemente sobre el tema”, detalló la experta.
De la O también relató que la semana pasada se presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley denominado Ley Especial contra la Violencia en perjuicio de niñas, niños y adolescentes, el cual tiene como fin la creación de 20 tipos penales nuevos, a partir de conductas graves que ocurren en perjuicio de la niñez y la adolescencia.
