Amnistía Internacional pidió la intervención de la comunidad internacional y señaló que el gobierno del presidente Bukele ha pisoteado los derechos del pueblo salvadoreño

De acuerdo al medio RT Amnistía Internacional (AI) denunció este lunes que el estado de excepción declarado en El Salvador con el pretexto de combatir las pandillas ha generado una «tormenta perfecta» de violaciones de derechos humanos, por lo que pidió la intervención de la comunidad internacional.

La medida fue propuesta por el presidente Nayib Bukele y aprobada el 26 de marzo por el Congreso, que ahora avaló una extensión, hasta fin de mayo, del régimen que permite detenciones sin órdenes judiciales.

«Durante los últimos 30 días, el gobierno del presidente Bukele ha pisoteado los derechos del pueblo salvadoreño, desde reformas legales que violan los estándares internacionales hasta arrestos arbitrarios masivos y maltratos a los detenidos«, expuso la directora de AI para las Américas, Érika Guevara Rosas.

«Llamamos a la comunidad internacional a que ayude a evitar una incipiente crisis de derechos humanos en El Salvador, y a las autoridades del país para que cesen los abusos» y garanticen investigaciones sobre violaciones de derechos humanos que hayan ocurrido, dijo Guevara Rosas.

El Congreso de El Salvador aprueba la prórroga del régimen de exepción

Según afirmó en su cuenta de Twitter el propio Bukele, que cuenta con una mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa, en el primer mes de vigencia del régimen de excepción las autoridades detuvieron sin orden judicial a más de 17.000 «terroristas». En línea con las declaraciones del presidente, la Asamblea Legislativa precisó que esta política ha sido «clave» en la «guerra contra las pandillas».

En el comunicado de AI, Guevara Rosas denunció que «las autoridades salvadoreñas han creado una tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos, que ahora se espera que continúe con la extensión del decreto de emergencia».

La medida fue adoptada a pedido de Bukele, para combatir una ola de asesinatos que se intensificó desde principios de año y que son atribuidos a las pandillas que operan en el país, principalmente la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.