El gobierno de Carlos Alvarado se va con más penas que glorias, con referente al tema de la minería en Crucitas, ya que no fue capaz de buscar una solución al problema de los coligalleros y al daño ambiental generado por esta actividad ilícita.

Al contrario las perdidas económicas para país fueron enormes , según el Informe de Evaluación Ambiental 2019 en Crucitas reveló actividad ilegal en 19 fincas aledañas a la finca principal Vivoyet.

Por la extracción ilegal de oro el gobierno dejó de percibir hasta $4 millones por canon minero ( ¢ 2.640 millones por robo de oro)

Daño ambiental continúa y el oro se lo siguen robando.

En cuestión de un año, la cantidad de hectáreas intervenidas por coligalleros pasó de 45 a 115. Un incremento de 70 hectáreas, de acuerdo con la Dirección de Geología y Minas del Minae.

Puntualmente, el informe señaló que se ha detectado que los oreros sacaban el mineral fuera de la zona de extracción, para ser procesado en las comunidades aledañas o incluso en territorio nicaragüense.

Según el informe se identificaron 35 cuerpos de agua con afectación por minería, cauces de dominio
público en el sitio de estudio. Estas afectaciones pueden consistir tanto en excavaciones de lechos, ampliaciones de los cursos de agua, así como en contaminación por sedimentos provenientes de las zonas de excavación aledañas. Se estima que algunos cuerpos de agua pueden estar contaminados por residuos de mercurio utilizados para la amalgamación del oro. Sobre ese tema nos
referiremos por aparte.

Cabe recordara que la Sala Constitucional el año pasado ordenó al Gobierno de Costa Rica elaborar dentro de tres meses un cronograma para implementar las medidas de seguridad que correspondan para que se defina un plan de contención para la minería ilegal en la zona Crucitas. Un cronograma que nunca salió a luz.

El abogado ambientalista, Álvaro Sagot, resaltó en esa ocasión que en el voto Crucitas No 2021020047, los magistrados reconocen el daño ambiental y la responsabilidad estatal.

Además, señaló, se ponen términos “para coordinar y solucionar daños ambientales y la problemática de la zona que ha sido saqueada por las mafias de oreros, tanto nacionales como extranjeros”.

Según el Voto, a partir de ello, “se debe debe establecer un cronograma de actividades y categorías de autoridades responsables para que en el término máximo de dieciocho meses posteriores a la concreción del plan de seguridad, estén en cumplimiento las acciones remediales que correspondan”.

Además, se ordena a Andrea Meza Murillo en su condición de Ministra de Ambiente y Energía y a Daniel Salas Peraza en su condición de Ministro de Salud que en el término de un mes contado a partir de la notificación de la sentencia brinden una respuesta formal al amparado en relación con la denuncia planteada.

La Sala IV advirtió a las autoridades recurridas que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.

Finalmente, se condenó al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.