El Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva (COLPER) respecta las autoridades de justicia del país y resoluciones, más no acepta condena del periodista Marlon Mora por difamación contra el ex candidato Presidencial Juan Diego Castro.
El Colegio señala que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no deben existir normas penales contra el ejercicio en periodismo.
En aquella ocasión Mora era director de Canal 15 de Universidad de Costa Rica (UCR) , donde se produjo un espacio hecho por una estudiante de la UCR, donde esta habría difamado al candidato Presidencial.
Mora fue denunciado por el abogado en 2019, luego de declaraciones que consideró ofensivas hacia él vertidas en el programa satírico «Suave un Toque», que se transmitió por Canal UCR y redes sociales en el marco de la campaña electoral del 2018 en la que Castro era candidato presidencial con el Partido Integración Nacional.
El Tribunal integrado por Ivannia Delgado, Mercedes Muñoz y Rodrigo Mora ordenó al comunicador el pago de ¢600.000 por 60 días de multa. Además, lo condenó a pagarle al querellante ¢15 millones por daño moral y ¢3 millones por costas del proceso. También a publicar la sentencia íntegra en un medio de circulación nacional.
Cabe destacar que Marlon Mora no era productor del programa y tampoco participó en este, pero fue condenado ayer, por ser corresponsable de la difamación.
El abogado constitucionalista Marvin Carvajal dijo que se cometió un gran atropello a la libertad de expresión con esta condena. No se tomó en cuenta las tratados internacionales al que está suscrito el país, como Corte Interamericana de Derechos, que ha sido muy clara en otros casos, como el del periodista Mauricio Herrera de la Nación, al dejar sin efecto una condena por un caso similar.
De acuerdo con Carvajal, los funcionarios públicos, y en este caso, un candidato Presidencial, como era Castro en ese momento, están expuestos al escrutinio público y deben someterse a situaciones de difamaciones e injurias en aras de la búsqueda de transparencia en la selección de los funcionarios.
Detalla el abogado que impedir a las personas y la prensa hacer este trabajo, debilita la democracia, ya que nadie va querer investigar sobre la vida de un candidato que aspira a ocupar un puesto de representatividad pública.
El periodista dijo que luchará ante todas las instancias posibles para revertir esta condena que sin duda afecta a la democracia y periodistas de este país.
