Para lograr mayor información sobre la Ley nùmero 8492 marco sobre regulación de Referéndum se invita a los vecinos de la Zona Norte a particiar en un charla que se realizará el domingo 31 de marzo a las 3 de tarde en el salòn de la ASADA de Muelle de Florencia, San Carlos.
El referendo, como instrumento democrático, presenta una serie de limitaciones que complican su uso como sustituto del plenario legislativo. La Ley 8492 de Regulación del Referéndum establece tres formas posibles para convocar a este mecanismo: mediante firmas de al menos el 5% del padrón electoral, por decisión de al menos dos tercios de la Asamblea Legislativa, o mediante la iniciativa del Poder Ejecutivo con mayoría absoluta del plenario.
Si se lleva a cabo un referendo y se somete a votación, el resultado será vinculante, es decir, de acatamiento obligatorio, si participa al menos el 30% de los ciudadanos inscritos en el padrón, en el caso de legislación ordinaria, y el 40% en temas que requieren aprobación legislativa por mayoría calificada.
Se ha hecho pública la intención del político Chaves de facilitar la realización de referendos, proponiendo cambiar estas disposiciones. Propone reducir el porcentaje necesario para convocarlos al 1% en el caso de la convocatoria popular y disminuir la participación requerida para que el resultado sea vinculante al 20%.
Estas propuestas, al ser reformas parciales a la constitución, podrían llevarse a consulta por referendo, pero es necesitario cumplir con el requisito del 5% en caso de ser consulta popular, o conseguir el respaldo de la mayoría absoluta del parlamento si desea convocarlo desde el Poder Ejecutivo. En cualquier caso, debería obtener el 40% de apoyo para que el resultado sea vinculante.
Es importante considerar que los referendos no pueden llevarse a cabo antes ni después de seis meses de las elecciones presidenciales, y solo pueden realizarse una vez al año. Esto plantea la necesidad de reformar la Constitución si se desea utilizar este mecanismo con mayor frecuencia, lo cual plantea desafíos jurídicos y económicos significativos, ya que los costos de llevar a cabo un referendo son considerablemente altos.
En su plan de gobierno, Rodrìgo Chaves sostiene que el uso de tecnología digital podría reducir los costos asociados con los referendos, pero no proporciona detalles específicos sobre cómo lograría esta reducción ni cuál sería el costo de implementar dicho sistema. Por otro lado, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha concluido, en estudios realizados en colaboración con el Instituto Tecnológico de Costa Rica, que el voto electrónico no representa la mejor opción debido a su relación costo-beneficio, según informó el semanario El Financiero en 2019.
