La Procuraduría de la Ética Pública (PEP), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), ha admitido una denuncia relacionada con la difusión de un video sobre la vida privada de Ofelia Taitelbaum, exdefensora de los Habitantes de Costa Rica, el cual fue transmitido por Casa Presidencial. Este caso ha suscitado críticas y cuestionamientos sobre el uso de recursos estatales para asuntos de carácter personal, lo que podría implicar un supuesto abuso de autoridad y el uso irregular de fondos públicos.
La denuncia, admitida para su análisis bajo el expediente DEP-252-2024, se refiere específicamente al video difundido durante la conferencia de prensa semanal del 14 de agosto de 2024. En el video se presentaron imágenes de Taitelbaum participando en actividades privadas, como asistir a la ópera, realizar compras en supermercados exclusivos de Escazú, y asistir a la presentación de un libro del expresidente Óscar Arias Sánchez. La narración del video, además de describir estos eventos, destacó su capacidad para disfrutar de su “libertad”, lo que muchos interpretaron como una alusión sarcástica a su reciente condena de 7,5 años por uso de documento falso.
Hugo Navas, abogado de Taitelbaum, criticó abiertamente la actitud del presidente, señalando que es inapropiado que el mandatario se involucre en asuntos judiciales, especialmente cuando aún existen procesos de apelación y casación en curso. Navas subrayó que, mientras estos recursos estén activos, el principio de presunción de inocencia se mantiene vigente. Además, consideró que los comentarios del presidente durante las conferencias de prensa, en los que cuestiona por qué Taitelbaum no está en prisión, constituyen una injerencia indebida en el ámbito judicial.
Este caso ha puesto en el centro del debate la ética en el uso de recursos públicos por parte del gobierno y si la participación del presidente en la difusión de información privada de una figura pública condenada excede sus facultades. Según Navas, la denuncia interpuesta ante la PEP subraya la necesidad de que las autoridades respeten los límites entre los poderes Ejecutivo y Judicial, y sugiere que el video podría haberse realizado utilizando fondos públicos para fines personales o políticos.
El hecho de que la Procuraduría de la Ética haya admitido la denuncia para su análisis representa un paso significativo en la evaluación de posibles responsabilidades por parte de la Presidencia. La investigación determinará si hubo abuso de autoridad y si se utilizaron recursos estatales de manera inadecuada.
Además, el proceso judicial de Taitelbaum sigue su curso, con la defensa habiendo presentado un recurso de casación ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Esto indica que aún pueden surgir nuevos desarrollos en este caso, que sigue generando controversia tanto en el ámbito político como en el judicial.
