El gobierno de Costa Rica anunció la suspensión temporal de la contratación de una póliza de seguros por ¢248,3 millones, que buscaba cubrir la responsabilidad civil del presidente Rodrigo Chaves, ministros y viceministros por eventuales demandas relacionadas con sus funciones. La decisión fue tomada luego de una fuerte ola de críticas tanto del ámbito político como del público.
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, confirmó que el gobierno ha solicitado un pronunciamiento a la Procuraduría General de la República para aclarar la aplicación de la norma correspondiente. A pesar de las críticas, Acosta defendió la iniciativa como una medida necesaria para proteger a los altos funcionarios del Estado. “¿Quién va a defender a los ministros?”, cuestionó, justificando la consulta para despejar cualquier duda sobre la legalidad de la póliza.
El anuncio de la suspensión fue realizado este lunes por Acosta, acompañado por el vicepresidente Stephan Brunner, en un esfuerzo por abordar la controversia generada por la contratación del seguro. La Contraloría General de la República ya había rechazado la autorización de esta póliza. Según el ente contralor, el artículo 13 de la Ley de Administración Financiera de la República establece que los funcionarios encargados de manejar fondos públicos deben responder con sus propios bienes como garantía para asegurar el correcto desempeño de sus funciones.
Además, la Ley General de la Administración Pública estipula la responsabilidad personal de los servidores públicos ante terceros cuando actúan con dolo o negligencia grave. En su artículo 199, esta norma subraya que los funcionarios serán responsables por actos manifiestamente ilegales, incluso si los llevan a cabo por obediencia, y establece que la conducta del servidor será evaluada sin afectar la responsabilidad solidaria de la Administración.
Vicepresidente Brunner defiende la póliza
El vicepresidente Stephan Brunner argumentó que la póliza es necesaria para enfrentar el creciente riesgo de demandas que afectan a los funcionarios públicos. Como ejemplo, mencionó una demanda en su contra por la que tuvo que asumir $18.000 en gastos de defensa, a pesar de haber tomado decisiones en función de la ley y en beneficio del Estado.
“Uno toma decisiones por el bien del Estado, pero cuando te demandan por una decisión que no gustó, uno queda solo en la defensa”, afirmó Brunner,
