El proyecto de ley de neuroderechos, impulsado por la diputada Andrea Álvarez, busca establecer un marco legal en Costa Rica para proteger la dignidad, la privacidad y la autonomía mental de las personas frente al avance acelerado de las neurotecnologías.
Estas tecnologías —como interfaces cerebro-computadora, implantes neuronales o algoritmos que interpretan la actividad cerebral— ya no son parte de la ciencia ficción, sino que están empezando a integrarse en áreas como la salud, la educación, el trabajo y hasta la seguridad. Si bien tienen un enorme potencial para el bienestar humano, también abren la puerta a nuevos riesgos: manipulación mental, acceso no autorizado a pensamientos, alteración de la identidad personal o discriminación basada en datos cerebrales.
El proyecto propone garantizar derechos como:
- El derecho a la privacidad mental (proteger los pensamientos y emociones de accesos no autorizados).
- El derecho a la integridad mental (evitar manipulaciones tecnológicas del pensamiento o la conducta).
- El derecho a la identidad personal, incluso en contextos donde se usen tecnologías invasivas o no invasivas del cerebro.
- El derecho a la equidad en el acceso a neurotecnologías, para evitar brechas sociales o éticas.
Tal como afirma la diputada Andrea Álvarez: “El avance tecnológico no puede ir más rápido que la protección de la dignidad y la privacidad de las personas.” Este proyecto busca posicionar a Costa Rica como un país pionero en la defensa de los neuroderechos, tal como ya han iniciado países como Chile y España.