Fin de semana sangriento: Costa Rica alcanza los 300 homicidios en lo que va del 2025

La violencia no da tregua en el país. Solo este fin de semana se registraron 20 asesinatos, consolidando un inicio de mayo marcado por la sangre y el dolor.

Costa Rica cerró el primer fin de semana de mayo con un saldo alarmante: 20 homicidios en distintos puntos del territorio nacional, elevando la cifra total de asesinatos en lo que va del año a 300. El dato fue confirmado por Michael Soto, subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien advirtió que la violencia sigue una tendencia preocupante y persistente.

“Efectivamente, este sábado estamos llegando a 300 homicidios, prácticamente el primer cuatrimestre del año, lo que nos posiciona nuevamente a la proyección de final de año de alrededor de los 900”, declaró Soto.

El funcionario también señaló que, pese a los múltiples esfuerzos policiales y operativos preventivos, los niveles de criminalidad continúan siendo elevados. “Seguimos teniendo problemas de violencia importante. El arma de fuego continúa siendo el principal instrumento utilizado para cometer homicidios, y los ajustes de cuentas entre grupos criminales siguen predominando en los móviles”, agregó.

La mayoría de los asesinatos registrados este fin de semana ocurrieron en zonas con alta incidencia delictiva, principalmente en el Caribe y el Gran Área Metropolitana. Los casos reflejan, en su mayoría, patrones vinculados al narcotráfico, rivalidades entre bandas y otras actividades del crimen organizado.

Proyección preocupante

Con 300 homicidios en apenas cinco meses, Costa Rica vuelve a encender las alarmas en materia de seguridad pública. De mantenerse esta tendencia, el país podría superar la cifra récord de 2023, cuando se reportaron más de 900 homicidios, colocando al país como uno de los más violentos de Centroamérica en proporción a su población.

Las autoridades han reiterado su compromiso con el combate a la criminalidad, pero insisten en la necesidad de una respuesta integral que abarque no solo el accionar policial, sino también medidas sociales, educativas y judiciales que permitan frenar el avance del crimen organizado.

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