Limón, Costa Rica – Tres funcionarios de la Fuerza Pública fueron detenidos este lunes en la provincia de Limón, luego de que la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutaran una operación conjunta por presuntos delitos de cobros indebidos y abuso de autoridad.
Los arrestos se realizaron tras varios días de investigación, en los que se recopilaron pruebas que apuntan a que los oficiales habrían exigido pagos ilegales a ciudadanos, principalmente conductores y comerciantes, a cambio de evitar multas o decomisos.
Según el Ministerio Público, los hechos habrían ocurrido en diferentes puntos del centro de Limón, donde los policías presuntamente aprovechaban su posición para solicitar dinero en efectivo durante operativos de rutina o retenes de tránsito.
Modus operandi
La investigación señala que los sospechosos actuaban en conjunto, abordando a las personas durante inspecciones y presionándolas para entregar dinero si querían evitar una supuesta infracción, o incluso la inmovilización de su vehículo. En algunos casos, según testigos, las amenazas iban acompañadas de intimidación verbal.
Las autoridades recibieron múltiples denuncias anónimas, lo que permitió abrir una causa judicial y organizar una operación encubierta para confirmar los hechos. Durante los allanamientos realizados en sus lugares de trabajo y residencias, se decomisaron documentos, teléfonos celulares y dinero en efectivo, que podrían estar relacionados con los delitos investigados.
Reacción institucional
El Ministerio de Seguridad Pública confirmó la detención de los tres oficiales y expresó su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. “No vamos a tolerar actos de corrupción dentro de nuestras filas. Los funcionarios que traicionen la confianza del pueblo deberán enfrentar las consecuencias legales”, declaró el ministro de Seguridad, Mario Zamora.
La institución también señaló que los detenidos serán separados temporalmente de sus funciones mientras avanza el proceso judicial.
Investigación en curso
El caso permanece en fase preliminar, pero los detenidos podrían enfrentar cargos por cohecho propio, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito, delitos que, de ser comprobados, podrían acarrear penas de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El OIJ hizo un llamado a la población para que, si ha sido víctima de situaciones similares, presente la denuncia correspondiente, ya sea de forma presencial o por medio de los canales digitales del Poder Judicial.
Conclusión
Este caso pone en evidencia la importancia de los mecanismos de control interno en los cuerpos policiales y refuerza la necesidad de una vigilancia ciudadana activa. La confianza en las autoridades depende, en gran medida, de la integridad de quienes están llamados a proteger a la población.
