Una banda criminal dedicada a la venta ilegal de vehículos de lujo fue desarticulada tras una operación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que permitió descubrir que lograron comercializar más de 20 automóviles valorados entre ¢20 y ¢30 millones, sin que sus clientes sospecharan que se trataba de carros robados.
Los implicados engañaban a los compradores haciéndoles creer que los vehículos provenían del extranjero, presentándolos como importaciones legítimas. Sin embargo, la verdad era que estos automóviles habían sido modificados —tanto físicamente como en sus registros— para aparentar legalidad y evitar ser detectados como robados.
“Este grupo recibía los vehículos robados y procedía a alterarlos, cambiando sus características para que pudieran ser registrados y comercializados como importaciones ficticias. Para ello, contaban con la colaboración de un funcionario de Aduanas en La Cruz de Guanacaste, quien facilitaba la falsificación de documentos”, explicó Randall Zúñiga, director del OIJ.
La operación, realizada la mañana de este martes, consistió en una serie de allanamientos simultáneos en diferentes puntos del país, incluyendo La Guácima, Poás, Desamparados, La Agonía de Alajuela y Liberia, con el objetivo de desmantelar la red criminal.
De acuerdo con el director de la Policía Judicial, la organización estaba liderada por un padre y su hijo, ambos apellidados Vargas y conocidos en el bajo mundo como “los Frijoleros”. Además, se detuvo a un abogado que se encargaba de tramitar la inscripción falsa de los vehículos y a un mecánico especializado en modificar físicamente los carros para que pasaran por importados.
Entre los detenidos figura también el funcionario de Aduanas, quien supuestamente era responsable de falsificar la documentación para hacer pasar los vehículos robados como si fueran importados legítimamente.
Según Zúñiga, esta banda llevaba aproximadamente dos años operando y aparentemente obtenía los vehículos a partir de otra red de robacarros que el OIJ desmanteló hace unos meses.
La investigación del OIJ continúa abierta, y las autoridades trabajan ahora en identificar y localizar a las personas que compraron estos vehículos bajo engaño, ya que es probable que algunos compradores hayan actuado de buena fe y desconozcan la procedencia ilícita de los autos.
Esta operación refleja la importancia de la cooperación entre instituciones y la necesidad de reforzar los controles en los procesos de importación y registro vehicular para evitar que redes criminales continúen defraudando a la población y afectando la seguridad vial.
