Red criminal sofisticada usaba negocios legales para lavar dinero del narcotráfico en Costa Rica
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, reveló que los hermanos de apellidos Álvarez Alfaro mantenían una relación directa con César Melgar Sandoval, un narcotraficante guatemalteco que fue condenado por mover óvulos de heroína a nivel internacional. Tras cumplir su sentencia en 2024, Melgar no desapareció del radar criminal: más bien, reapareció con un plan más calculado. Su nueva estrategia consistía en aplicar su experiencia ilícita en el ámbito empresarial, asociándose con los hermanos costarricenses para camuflar capitales ilegales bajo el velo de supuestas inversiones legales.
Empresas como herramienta de encubrimiento financiero
La investigación del OIJ apunta a una estructura de lavado de dinero cuidadosamente diseñada. Los sospechosos aparecen como propietarios o representantes legales en al menos 20 sociedades anónimas constituidas en diferentes puntos del país. Este entramado empresarial, distribuido en sectores como comercio, deporte, ganadería y tecnología, servía como un mecanismo para transferir fondos obtenidos del narcotráfico sin generar alertas inmediatas.
El uso de estas empresas pantalla, con operaciones aparentemente legítimas, permitió que movimientos de dinero por grandes sumas se realizaran con una fachada de legalidad. Sin embargo, detrás de esa apariencia había una maquinaria orientada a esconder el verdadero origen del capital.
Tecnología, deporte y ganado: la mezcla perfecta para disfrazar el lavado
Una de las particularidades que más llamó la atención de los investigadores fue la diversidad de negocios utilizados para la operación. Entre ellos, destacan tiendas de vehículos, canchas deportivas y hasta una subasta ganadera ubicada en Guanacaste. En este último punto, según información recabada, se habrían ejecutado múltiples maniobras para “blanquear” dinero a través de supuestas transacciones de ganado.
También se detectaron empresas dedicadas a la venta de productos tecnológicos, lo cual no solo diversificaba las fuentes de ingresos, sino que proyectaba una imagen moderna e innovadora. Esta táctica ayudaba a desviar la atención y a justificar un ascenso económico tan acelerado como sospechoso.
Una fachada demasiado perfecta para ser real
A pesar de su sofisticación, el engranaje no pasó inadvertido por mucho tiempo. Fue a mediados de 2023 cuando una fuente confidencial brindó detalles clave sobre las operaciones y vínculos del grupo, lo que permitió al OIJ abrir una investigación formal. Las inconsistencias en los movimientos financieros, así como la rápida expansión de los negocios vinculados, reforzaron las sospechas de que detrás del éxito aparente se escondía una red de lavado de dinero con conexiones internacionales.
Megaoperativo nacional y más sospechosos bajo la lupa
Como resultado de la investigación, el OIJ ejecutó un amplio operativo en junio de 2025, que incluyó 20 allanamientos simultáneos en diferentes zonas del país: Santa Ana, Curridabat, Zapote, Montes de Oca, San Sebastián, Pérez Zeledón, Bagaces y La Unión de Cartago. Las diligencias se centraron en oficinas corporativas, residencias de alto valor, locales comerciales y propiedades inscritas a nombre de las sociedades investigadas.
Durante los allanamientos, los agentes de la Sección de Legitimación de Capitales recolectaron documentos, dispositivos electrónicos y otros indicios que permitirán rastrear el origen y destino de los fondos. Asimismo, se ordenó el congelamiento de cuentas bancarias y otros activos vinculados a la red.
El caso sigue desarrollándose
Las autoridades no descartan que más personas estén involucradas en esta operación de legitimación de capitales. La complejidad del entramado empresarial sugiere que otras figuras —posiblemente testaferros, contadores, asesores legales o prestanombres— también podrían haber colaborado para dar apariencia de legalidad a millones de colones derivados del narcotráfico.
“La investigación apenas comienza. Vamos a seguir tirando del hilo hasta desmontar por completo la estructura”, aseguró una fuente del OIJ que participa en el caso.
El caso representa un ejemplo más de cómo el crimen organizado ha evolucionado en sus métodos, dejando atrás la violencia visible para adentrarse en los engranajes económicos del país, con empresas, oficinas y cuentas bancarias como nuevas armas para el lavado de activos.
