“Trabajadores migrantes se mueven por redes de corrupción, que involucra empleados públicos y empresas”

Situación de explotación laboral en plantaciones agroindustriales de la zona norte agrava los impactos de la pandemia por COVID19.

La situación de la pandemia por el covid 19 en Costa Rica -que en este momento supone una segunda ola de contagio- pone de manifiesto un impacto diferenciado en las poblaciones más vulnerables del país, particularmente en la zona norte, detalla mediante un comunicado la organización de la Zona Norte Coordinadora Norte Tierra y Libertad, agrupa comunidades preocupadas por daños ambientales y la forma de vida los campesinos .

Señalan la organización que en este momento San Carlos se convierte en epicentro de la pandemia contabilizando la mayor cantidad de casos activos por cantón. Asimismo, en los cantones de Upala y Los Chiles se está reportando un incremento importante en los casos activos por COVID19.

Muchos trabajadores migrantes se mueven a través de las fronteras gracias a redes de corrupción, donde se ven involucrados funcionarios públicos, empresas, transportistas, contratistas y otros, quienes aprovechan su condición de vulnerabilidad para lucrar”, asegura dicha organización en los últimos años ha denunciado la explotación laboral que viven decenas de trabajadores en plantaciones agroindustriales.

“Las condiciones de trabajo en general no cumplen con la legislación establecida, lo cual en el marco de la pandemia se refleja en una falta de protocolos sanitarios: los(as) trabajadores no cuentan con lugares ni con materiales para el lavado de manos constante, no cuentan con vestimenta apropiada ni con la distancia social recomendada por el Ministerio de Salud y se ha registrado que se trasladan a los trabajadores aglomerados en camiones hacia los centros de trabajo, sin ningún tipo de protección.

Esta situación no es nueva, sino el resultado de prácticas históricas de estas empresas, de los gobiernos de turno y las redes criminales y representan en este momento de la Pandemia un alto costo social para el país, detallan.

Estas empresas han funcionado por muchos años a partir de la explotación de trabajadores(as) costarricenses y migrantes; estos últimos representan un alto porcentaje del personal contratado. En estas fincas el trabajo se desarrolla muchas veces en condiciones inhumanas, lo que les permite maximizar sus ganancias. Es conocido que a los(as) trabajadores(as) migrantes indocumentados se les contrata con salarios menores a lo establecido por ley y sin garantías laborales, lo cual implica su exclusión del sistema de salud. De igual manera, los(as) trabajadores(as) costarricenses sufren constantes atropellos a su dignidad y violaciones a sus derechos laborales.

Estos nuevos focos de contagio están íntimamente relacionados con las precarias condiciones laborales y de salud con las que opera la agroindustria, lo cual nos demuestra que estos empresarios nacionales y transnacionales están dispuestos a sacrificar la salud y la vida de cientos de trabajadores y trabajadoras en aras de mantener sus negocios y jugosas ganancias.

La agroindustria ha significado para nuestras comunidades graves impactos en el ambiente, en la salud de los trabajadores, en la salud comunitaria y un irrespeto sistemático a los derechos laborales, todo esto de la mano de gobiernos e insitituciones cómplices que no ejercen el mandato de las leyes nacionales.

Advertimos un vínculo innegable entre la producción agroindustrial (piña, naranja, tubérculos, frutas y otros) y el aumento de casos por COVID19 en la zona norte, que se expresa en las siguientes situaciones que denunciamos:

Por lo tanto solicitamos al gobierno central y a las autoridades locales:

• Intervenir de manera inmediata las fincas agroindustriales de los cantones que se encuentran en alerta naranja, para salvaguardar la salud y la vida de los y las trabajadoras.

Asegurar que a los(as) trabajadores(as) de las empresas intervenidas les sean respetados sus derechos laborales.

• Que se investiguen a profundidad las redes criminales, que posibilitan la explotación de personas migrantes.

• Que se aborde la situación con un enfoque de Derechos Humanos y se asegure la atención médica a las personas trabajadoras y sus familias, independientemente de su estatus migratorio.

Que se abra un espacio de discusión y de toma de decisiones con la participación de organizaciones sindicales, organizaciones comunales, organizaciones de defensa de derechos humanos y de personas migrantes, gobiernos locales, instituciones del estado y organismos internacionales para construir una estrategia de intervención inmediata bajo un enfoque humanitario y de Derechos Humanos.

La Coordinadora Norte Tierra y Libertad es una organización política de base amplia comunitaria que articula a personas, familias y organizaciones locales de 17 comunidades de los cantones de Los Chiles, Upala, Guatuso, Río Cuarto y San Carlos, que están preocupadas por la destrucción de la naturaleza y del modo de vida campesino en la región”, detalla la Cordinadora.

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