Organizaciones sindicales, universitarias y de la sociedad social emitieron un pronunciamiento al gobierno sobre la situación de las personas que trabajan en actividades relacionadas a monocultivos en la Zona Norte y Atlántico del país.
“Frente a la coyuntura de la pandemia y este acelerado aumento de casos de contagio, queremos señalar que el aumento de contagios está directamente relacionado con las condiciones laborales de las personas afectadas dentro de las propias plantaciones o empacadoras, ya que muchas de estas empresas están incumpliendo las disposiciones del Ministerio de Salud y ni siquiera están otorgando los implementos necesarios para la protección personal durante las labores.
La vulnerabilidad laboral derivada de la negligencia de las empresas se agrava debido a que las personas viven en condiciones de pobreza, de manera que el sustento diario depende del trabajo que realicen, por lo que no pueden exigir el cumplimiento de las medidas ni ausentarse de sus lugares de trabajo sin arriesgarse a ser sancionadas, o incluso despedidas.
Si advertimos el conjunto de transformaciones estructurales e institucionales con impacto en el agro costarricense promovidas por las autoridades nacionales en las últimas tres décadas, es posible afirmar que el Estado ha tenido una presencia medular en el auge piñero y bananero.
Estas empresas reciben un trato diferenciado por parte del gobierno, pues no sólo violentan derechos, generan daños socioambientales y profundizan la pobreza, sino que además, muchas de ellas no pagan impuestos para contribuir con las necesidades del país ni asumen el pago de las cuotas para la seguridad social.
Lo mismo pasa con sus socios en la cadena de valor (proveedores de insumos, contratistas, subcontratistas transportistas, entre otros), quienes sub-contratan trabajadores a veces en condiciones precarias, mal pagados, sin ningún tipo de garantía social, para brindar servicios baratos a las empresas, quienes, sin reparo ético o legal, los acogen para ahorrar costos de producción, a pesar de la clara violación de derechos que comportan estas prácticas.
Estas situaciones no pueden seguir siendo toleradas, ni mucho menos seguir atacando a las personas que están siendo directamente afectadas por prácticas que se aprovechan de sus condiciones de pobreza y necesidad, que les obligan a arriesgar su bienestar y el de sus familias.
En una coyuntura tan sensible como la presente, hacemos un llamado vehemente a las autoridades del gobierno y al personal de instituciones públicas, al sector empresarial, a los medios de información y a la población en general para que, en todo momento, las decisiones y acciones que se tomen y las informaciones que se emitan estén orientadas por la consideración y el respeto de los Derechos Humanos de todas las personas, independientemente de su condición social, origen o nacionalidad.
Las personas y agrupaciones abajo firmantes, todas integrantes de organizaciones sociales y comunidades, así como de proyectos y otras instancias tanto de la Universidad de Costa Rica como de la Universidad Estatal a Distancia y otras Universidades Públicas, comprometidas con el bien común y el bienestar social, hacemos pública nuestra preocupación frente a la situación de emergencia que se vive en las zonas Norte y Caribe de Costa Rica en relación con los contagios de COVID-19.
En las últimas semanas se ha identificado un aumento de casos positivos de Covid-19 en las regiones Norte y Caribe, generando lo que las autoridades denominan una segunda ola de contagios a nivel nacional. Una parte significativa de las personas afectadas por este incremento del contagio trabaja en fincas y plantas empacadoras de productos para la exportación, especialmente la piña, seguida de la yuca y la naranja.
Aunque es un hecho que existe un flujo de personas migrantes y transfronterizas en estas zonas relacionado con estas actividades agroindustriales, también es cierto que hay un importante número de personas trabajadoras nacionales que están siendo afectadas.
A pesar de los señalamientos xenofóbicos de muchos sectores, queremos hacer eco en que las personas migrantes no son responsables directas de esta situación. Gran parte de las actividades agrícolas de este país dependen de la mano de obra migrante, y así ha sido durante las últimas décadas.
Las empresas se han beneficiado de esta situación al dar precarias condiciones laborales y bajos salarios, muchas veces contraviniendo las normas establecidas.
Esto se agrava cuando se trata de personas sin documentos, las cuales entran en situaciones de exclusión y vulnerabilidad más acentuadas. Ignorando esta realidad, sectores empresariales, políticos y medios masivos de información han contribuido a la construcción de discursos de odio y xenofobia que culpabilizan a las personas que están en el último eslabón de la cadena productiva y de las responsabilidades, dada su condición de vulnerabilidad.
Estas personas son las más explotadas y aceptan las condiciones precarias que se les dan por motivos de supervivencia.
Llamado a las acciones
En consideración del contexto y las situaciones antes expuestas, a modo de llamado urgente y vehemente a la población general, a las autoridades gubernamentales pertinentes y a las instituciones respectivas, urgimos y exigimos atender las siguientes demandas:
1. Que se proceda a implementar, en lo inmediato, las acciones necesarias para asegurar el acatamiento de las normas laborales en las empresas vinculadas a la actividad agroexportadora, con el fin de asegurar el respeto y cumplimiento de todos los derechos humanos y laborales.
2. Que se exija el cumplimiento de las leyes laborales en todos sus alcances y que se proceda, como corresponde en cualquier momento, pero en especial en esta coyuntura, a sancionar de manera significativa a cualquier empresa que no cumpla con las normas sanitarias en general, y en especial las establecidas en el contexto de la crisis del coronavirus.
3. Que, en el caso particular de las empresas o personas individuales que se identifiquen como potenciales responsables de acciones de encierro, sometimiento, reclusión obligada u ocultamiento de actividades laborales ilegales y violatorias de los derechos humanos fundamentales, o cualquier otra acción similar a la trata de personas con fines de explotación laboral o relaciones de semi-esclavitud, se proceda, tal y como corresponde, con la aplicación de todo el peso de la ley en el ámbito penal.
4. Que se proceda, en lo inmediato, a eliminar el decreto 41908-MGP-MTSS-MAG, el cual amplía la prórroga de suspensión de la multa a las empresas que incumplan la Ley de Migración en cuanto a la obligación de regularizar a las personas trabajadoras que no cuenten con permisos para laborar, dado que este es un portillo para el incumplimiento de todas las demás normas laborales y el sostenimiento de las condiciones de precariedad laboral. El Decreto ejecutivo N°36769-G, Reglamento de Control Migratorio, estableció sanciones para las contrataciones irregulares después de un período de ajuste que ha sido prorrogado reiteradamente por las administraciones Chinchilla Miranda, Solís Rivera y Alvarado Quesada, por lo que este mecanismo no ha llegado a entrar en vigencia.
5. Que se apruebe, de la manera más inmediata posible, el expediente legislativo 21.706, que lleva años en la corriente legislativa frenado por el sector empresarial, y en el que se autoriza a las autoridades de la Inspección de Trabajo a establecer sanciones directamente, sin tener que recurrir a largos procesos judiciales, cuando identifique que se ha violado la ley laboral.
6. Que se establezcan procedimientos efectivos y funcionales de seguimiento para asegurar el cumplimiento de estas normas por parte de las personas o actores sociales involucrados en toda la cadena de producción, pero con especial énfasis en las empresas responsables de estas actividades productivas.
7. Que se asegure la aplicación de un protocolo que garantice la seguridad en la salud de las personas trabajadoras. Los sindicatos que trabajan por los derechos laborales en estas empresas ya han elaborado propuestas al respecto, las cuales deben servir, al menos, como base para este protocolo. Es necesario que se discuta, con participación de los sindicatos de plantaciones, organizaciones de protección a migrantes, la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Organización Internacional del Trabajo, representantes de diversas fracciones legislativas y los empleadores de plantaciones, entre otros, sobre la necesaria regulación de las cadenas de valor, para que se evite la utilización de contratistas y subcontratistas, como mecanismo para eludir y evadir los derechos laborales y a la seguridad social. Para tal efecto es necesario establecer mecanismos que responsabilicen a toda la cadena de valor, como los que ya se han aprobado en otros países y vienen siendo impulsados por la OIT.
8. Que todas las autoridades y actores implicados en actividades informativas, y muy en especial los medios masivos, en virtud de la enorme responsabilidad que implica el impacto social de su actividad, hagan un manejo respetuoso de la ética y de las exigencias de imparcialidad propios del ejercicio profesional responsable, coherente con el contexto histórico, social y económico de las zonas en las que se suscitan los hechos informativos, y que eviten sesgos basados en intereses particulares o en discursos que promueven el odio en vez de la solidaridad y el respeto a la persona humana.
Organizaciones e instituciones
l Consejo de Programas Institucionales de Acción Social, UCR
l Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica.
l Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, Universidad Estatal a Distancia.
l Dylanna Rodríguez, TC-590 Fortalecimento de procesos de articulación con actores sociales y comunitarios en torno a conflictos socio ambientales específicos del territorio nacional, UCR.
l Lilliana Monge, TC-743 «Agua, lucha y justicia ambiental en el Caribe Norte», Escuela de Trabajo Social, UCR.
l Rebeca Gu Navarro, TCU-666 Dialogando el presente: recuperando la memoria de organizaciones políticas subalternas, Escuela de Ciencias políticas, UCR.
l Marvin Amador Guzmán, proyecto «TC-635 – Comunicación y Cambio para el Buen Vivir», Escuela de Comunicación, UCR
l Mauricio Castro Méndez, “TCU-681: Cumplimiento de los derechos laborales en plantaciones y afines. Alcances de la reforma procesal laboral frente a las necesidades del colectivo laboral”, y Pry01-597-2020-Relaciones laborales en Costa Rica: representación colectiva, organización del trabajo y cadenas de valor»
l Valeria Montoya, EC-495: Trabajo asalariado en piñeras de la zona norte: acercamiento desde la cotidianidad de las comunidades de Medio Queso, Santa Fe en Los Chiles y La Guaria de Pocosol, del Programa Kioscos Socioambientales, UCR.
l Freddy Arias, TC-661. Prevención de intoxicaciones en comunidades costarricenses. Freddy Arias Mora. Facultad de Farmacia, UCR.
l Programa de Economía Social Solidaria de la Universidad de Costa Rica.
l Proyecto ED-3391: Acompañamiento al desarrollo de prácticas de Economía Social Solidaria, Seguridad Alimentaria y Nutricional y Agricultura Familiar en comunidades de Upala de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica.
l Proyecto TCU 607 de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica.
l Alternativa UCR
l Asociación Cultural Abriendo el Surco
l CENDEROS
l CEP Alforja
l Circulo Bolivariano Yamileth López
l Clínica de Migración, refugio y protección internacional, UCR (Melissa Salas Brenes)
l COECOceiba Amigos de la Tierrra Costa Rica
l Consejo de Educación Popular y el Caribe (CEAAL)- Colectivo Costa Rica
l CR SOLIDARIA
l Directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR)
l Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (FENTRAGH)
l Fundacion Laberinto
l Fundación Pedagógica Nuestramerica
l Hablemos de Derechos Humanos
l Handmaids Costa Rica
l Iniciativa Universitaria por Nicaragua
l Justicia Paz e Integridad de la Creación JPIC, Claretianos Costa Rica
l La Cadejos, Comunicación Feminista
l Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor de la Universidad de Costa Rica
l Pry01-65-2021 – Programa permanente de Desarrollo Académico del Programa de Posgrado en Comunicación, Universidad de Costa Rica
l Red de Coordinación en Biodiversidad
l Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agricolas (SITRAP)
l Sindicato de Trabajadores del Sector Privado
l Sindicato Industrial de Trabajadores de la Palma Africana y Afines SITRAPA
l Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (SINATRAA)
l Sindicato pro-Trabajadores del Consejo Nacional de Producción y FANAL SIPROCNP
Personas
l Adilia Eva Solis, ED 3364 UCR
l Adrián Jaén España, sociólogo, docente universitario y militante del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores
l Adriano Corrales Arias, Escritor y profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica
l Alberto Cortés Ramos, Catedrático, escuela de Geografía y de Ciencias Políticas, UCR
l Alejandra Porras Rozas, Socióloga, ecologista.
l Alfonso Chacón Mata, Presidente Asocasdeh
l Allan Chavarría Chang, Extensionista de la UNED
l Álvaro Fernández Gonzalez, Profesor universitario jubilado
l Ana Carcedo, Presidenta de CEFEMINA
l Ana Cecilia Escalante Herrera, Profesora Emérita – Escuela de Sociología, Universidad de Costa Rica
l Ana Elena Obando M., Abogada feminista, Derechos Humanos, Concertación Interamericana por los Derechos Humanos de las Mujeres
l Andrea Cuenca Botey, Psicóloga
l Camila Ordóñez Laclé, Integrante Mujeres en Acción, investigadora CIEM UCR
l Carmen Caamaño Morúa, Universidad de Costa Rica
l Carmen Carro Barrantes, Ciudadana feminista y socióloga
l Carolina Sánchez Hernández, Escuela de Sociología, Universidad Nacional
l Ciska Raventos Vorst Sociologa, profesora jubilada UCR, activista
l Cynthia Ramírez Alvarado
l Dania Obando Castillo, Secretaria general del Sindicato Industrial de Trabajadores de la Palma Africana y Afines
l Danilo Saravia, exiliado politico, activista social y ambientalista
l David Alfaro Mata, Miembro de Siprocnp
l Debbie Salas Ramírez, Docente educación especial MEP
l Diana Campos Ortiz, Activista e investigadora social
l Didier Alexander Leiton Valverde, Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agricolas (SITRAP)
l Elvis Alberto Cornejo Venegas, Educador, investigador y extensionista
l Esteban Calvo Rodríguez, Abogado con especialidad en Derecho del Trabajo
l Eugenia Boza Oviedo, ED-3441 Espacios para la promoción, defensa y exigibilidad de derechos en Upala. y ED-3461 Migraciones y derechos humanos, construcciones conjuntas. Universidad de Costa Rica.
l Eva Carazo Vargas, investigadora y activista ecofeminista.
l Fabiola Bernal Acevedo, Fundación Pedagógica Nuestramerica
l Federico Picado Gomez, Ingeniero Civil
l Gerardo Hernández Naranjo, Docente UCR
l Gerardo Mora Burgos, Universidad de Costa Rica
l Grettel Gamboa Fallas, Antropóloga social. Defensa Derechos Humanos.
l Guadalupe Urbina, Artista costarricense, gestión
l Gustavo Gatica López , Investigador, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), UNED, miembro del Colectivo Bienestar y Migraciones
l Héctor Ferlini-Salazar, director SURCOS Digital, coordinador proyecto EC-527 Aportes Comunitarios para la Construcción de la Democracia Participartiva, Sede del Pacífico, UCR.
l Henry Picado Cerdas, Red de Coordinación En Biodiversidad
l Irené Barrantes Jiménez, Especialista en género y artista plástica
l Irené Barrantes Jiménez, Especialista en género y artista plástica
l Isabel Ducca D., Alianza por una Vida Digna
l Jenyel Conteras Guzmán, Investigadora, evaluadora y docente universitaria
l Jorge Zeledón Pérez, Director Programa de Posgrado en Comunicación, UCR
l José Antonio Mora, coordinador del proyecto ED-3526 “Educación Popular y Geografía: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica”, docente del Programa Kioscos Sociambientales, docente de Geografía en Sede de Occidente
l Jose Luis Arce Sanabria, Escuela de Ciencias de la Comunicación UCR
l José Manuel Arroyo Gutiérrez, Profesor universitario
l José María Gutiérrez Gutiérrez, Profesor Emérito, Universidad de Costa Rica
l Josué Arévalo Villalobos, Docente, coordinador del TCU-732 de la Escuela de Psicología e investigador del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica
l Juan Carlos Cruz Barrientos, Comunicador social jubilado, miembro de la Iniciativa Universitaria por Nicaragua
l Juan Manuel Muñoz Portillo, Profesor, Escuela de Ciencias Políticas, UCR
l Juliana Martínez Franzoni, Investigadora, Universidad de Costa Rica
l Karen Carvajal Loaiza, Asesora sindical y Docente UCR
l Kattia Isabel Castro Flores, Docente de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la UNA
l Krissia Rodríguez Muñoz
l Larissa Arroyo Navarrete, Abogada especialista en Derechos Humanos
l Laura Arias Cabrera, Docente y activista
l Laura Rivera Alfaro, Investigadora y consultora independiente, docente UCR
l Leonardo Vargas Ramírez, Ciudadano Libre y pensante
l Licda Ileana Vega Montero , Asesora Legal APSE
l Ligia Solís Solís, ANEP
l Lorenzo Cambronero Méndez, Asociación Cultural Abriendo el Surco
l Lucía Rescia, Psicóloga
l Luis Andrés Sanabria Zaniboni, Proyecto EC-518 Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra
l Maikol Hernández Arias, Secretaría general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (FENTRAGH)
l Maikol Hernández Arias, Secretaría general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (FENTRAGH).
l Manuel Rodriguez, Secretario General SITRAPEQUIA
l Marcos Guevaea Berger, Escuela de Antropología, UCR
l María José Chaves Groh, Socióloga, feminista, docente e investigadora
l María José Masís Mendez, Docente de la Universidad de Costa Rica
l María Laura Sánchez Rojas, Sindicalista y socióloga
l Mariano Sáenz Vega, Investigador del Centro de investigaciones Antropológicas ( CIAN )
l Marielos Aguilar Hernandez, Profesora jubilada UCR
l Marta Rojas Porras, Catedrática UCR jubilada
l Mauricio Alvarez Mora, EC-496: Programa de Radio Voces y Política
l Miguel Ángel Zúñiga Chávez, dirigente sindical en el Sindicato Pro-Trabajadores del Consejo Nacional Producción y FANAL (SIPROCNP), Central Social Juanito Mora Porras – ANEP (CSJMP-ANEP), Colectivo Sindical Patria Justa (PJ) y parte del Encuentro Social Multisectorial (ESM)
l Miguel Regueyra Edelman, docente de la Universidad de Costa Rica
l Millaray Villaobos Rojas, Antropóloga
l Milton Ariel Brenes, Programa PRIDENA
l Nilson Oviedo Valerio, Cooperativa Sulá Batsú.
l Óscar Jara, Educador Popular y sociólogo
l Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo. Prof. ITCR.
l Percy Marin Mendez, Presidente SIPROCNP
l Priscilla Echeverría Alvarado, Universidad de Costa Rica
l Roberto Zeledon Arias, Asesor Legislativo ANEP
l Rotsay Rosales-Valladares, Catedrático e investigador UCR
l Roxana Hidalgo Xirinachs, Investigadora y profesora catedrática, Universidad de Costa Rica, psicoanalista y feminista
l Santiago Ramírez Jiménez, Asesor Sindical (ANEP)
l Sebastián Fournier Artavia, Presidente, Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (RedMICA)
l Seidy Salas Víquez, Comunicadora social.
l Sergio Salazar Araya, Proyecto ED 3461 Migraciones y Derechos Humanos: construcciones conjuntas, Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica
l Shi Alarcón-Zamora, Socióloga Feminista
l Silvia Rodriguez Cervantes, Ecologista, miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad y la Alianza Biodiversidad
l Soledad Hernández Carrillo, TC-723 «Migra-acciones acompañando a población migrante y refugiada más allá de las fronteras”. Escuela de Psicología, UCR.
l Tania Rodríguez Echavarría, Docente Universidad de Costa Rica
l Teodoro Willink Castro, Programa Institucional Osa-Golfo Dulce, UCR
l Valeria Rodríguez Quesada, Representante estudiantil en el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica
l Vilma Leandro Zúñiga, Universidad de Costa Rica
l Yasy Morales Chacón , docente universitaria y activista en temas de Economía Social Solidaria.
l Zuiri Méndez, ED-3437 Campamento Audiovisual de Mujeres y Territorios del Programa Kioscos Socioambientales, Facultad de Ciencias Sociales, UCR.
