En lo que constituye uno de los mayores decomisos de medicamentos en lo que va de la presente Operación Fronteras Seguras, iniciada el pasado mes de marzo, autoridades del Ministerio de Seguridad Pública evitaron que un millonario contrabando de medicinas fuera comercializado en el país.
El cumplimiento tuvo lugar este fin de semana durante un control de carreteras realizado en la entrada a Cuajiniquil, cantón de La Cruz, Guanacaste, por parte de oficiales de la Policía de Fronteras con el apoyo de personal de la Academia Nacional de Policía que se encuentra reforzando la seguridad en la frontera norte.
Según lo reportado por la Policía de Fronteras, el decomiso tuvo lugar en la Ruta 1 o Carretera Interamericana Norte, durante la revisión de un autobús procedente del sector fronterizo de Peñas Blancas, el cual se dirigía a Liberia.
Durante la revisión de los equipajes de los pasajeros, todo transcurría con normalidad hasta que los oficiales se aproximaron a dos pasajeros de nacionalidad nicaragüense, quienes se apellidan Romero y Jirón, los cuales reaccionaron con nerviosismo ante la presencia policial.
Es por ello que, ante la posibilidad de que estuvieran transportando algo ilegal, los oficiales fronterizos y de la Academia Nacional de Policía optaron por realizar una revisión más profunda, lo que permitió encontrar en el equipaje de Romero cerca de tres mil unidades de diversos fármacos, mientras que Jirón ocultaba en su maleta 1.288 unidades de ese tipo de productos.
Todo lo anterior sumó 6.288 unidades de fármacos valorados en al menos tres millones de colones, entre los que se encontraban analgésicos, antibióticos, corticosteroides, antiácidos, antigripales y vitaminas entre otros productos, muchos de los cuales no pueden ser comercializados sin receta médica, como es el caso de los antibióticos.
Ante la evidente violación a la legislación sanitaria, además de tributaria, los medicamentos fueron decomisados y entregados a la oficina regional del Ministerio de Salud, ubicada en La Cruz, a fin de que se procediera a la destrucción de estos productos, pues podrían poner en riesgo la vida de posibles consumidores, ya que ninguna autoridad garantiza que el etiquetado realmente corresponda al contenido, o que se haya transportado según las normas de salubridad de nuestro país.
