El diputado sancarleño Luis Ramón Carranza, volvió alzar la voz por el tema del narcotráfico y su incindencia en la Zona Norte, esto porque los diputados no han querido discutir el Proyecto de Ley de Extinción de Dominio Público, que permitiría decomisar bienes, y cuentas bancarias, cuyos fines sean ilícitos.
«No le podemos seguir dando la espalda al narcotráfico, ¿es que no le preocupa?. Compañeras ¿a quiénes estamos represetando? preguntó Carranza a los diputados hoy jueves.
«Usted Emilia Navas, fiscal general , dígame a quien ha condenado por narco tráfico en la Zona Norte», preguntó Carranza
Desde los años noventa he venido insistiendo en el tema del narcotráfico en la Zona Norte y el alcalde de San Carlos. Alfredo Córdoba. “Si usted Alfredo Córdoba” me ha dicho que mancho la imagen del cantón por hablar del tema ” , expresó el legislador.
«A diferencia del Diputado Pablo Heriberto Abarca del Partido Unidad Social Cristiana, a mi, el tema del narcotráfico sí me preocupa», expresó Carranza, ya que este aseguró que lo que debe preocupar es la pobreza y no el narcotráfico.
,El narcotráfico nos devora ante la mirada indiferente de los Diputados
«La situación con el narcotráfico es insostenible a nivel nacional, es por esto, que le vuelvo a insistir a mis compañeros y compañeras diputadas la necesidad de discutir en el Plenario Legislativo la Ley de Extinción de Dominio, dejemos de excusas y tomemos acciones prontas», expresó Carranza
Detalló que la semana anterior en Upala fueron decomisados 800 kilos de cocaína y en lo que va del año se han decomisado más de 55 toneladas de drogas en todo el país.
«Hago un llamado nuevamente a la Fiscala General, Emiliana Navas, para que tome acciones, que volté su mirada a la Zona Norte y que atienda esta problemática que nos carcome desde adentro.
La extinción de dominio es un mecanismo que le permite al Estado perseguir y, eventualmente, confiscar los bienes –por ejemplo casas, vehículos o cuentas bancarias– , cuyos orígenes o fines sea ilícitos, es decir, el proyecto de ley pretende quitarles la propiedad privada a personas que la obtuvieron con dinero proveniente de un delito o falta de ley o como consecuencia de los mismos.
El gran objetivo es el crimen organizado: narcotráfico, legitimación de capitales, corrupción pública, tráfico de influencias, tráfico de armas, terrorismo, trata de personas, ciberdelincuencia, sicariato. La lista sigue y es amplia. En total el texto define 18 delitos específicos sobre los que la extinción de dominio podría aplicarse.
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