El medio digital El Universal de México la existencia de un negocio para comprar silencio y protección, redes del tráfico ilícito de personas, “coyotes», que recurrieron al soborno de militares de Nicaragua y de policías de Costa Rica a los que reclutaron para aliarse en la operación de una cadena de contrabando de nicaragüenses que huyen de la represión política que se desató en su país desde abril de 2018.
De acuerdo con un reportaje del medio que publicaron hoy medio y que titulan: «Coyotes” reclutan a militares de Nicaragua y policías de Costa Ric», dicha revelación está contenida en el informe “Las Caras del Exilio Nicaragüense: Expulsados y Vulnerabilizados”, una investigación realizada por la (no estatal) Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humana, de Costa Rica. EL UNIVERSAL tiene una copia del documento.
“Los traficantes de migrantes trabajan aliados con algunos militares de Nicaragua y ciertos policías de Costa Rica”, reveló el estudio, al describir que “una de las estrategias es compartir información”.
“Los militares y policías de ambos países ya conocen las placas (matrículas) de los carros y nos los paran y los ‘coyotes’ ya conocen los horarios en que estos funcionarios se encuentran en su puesto, para pasar en ese momento”, recalcó.
“Algunos solicitantes de refugio” en Costa Rica “manifestaron sentir que habría algún tipo de relación entre el ‘coyote’ y los militares” de Nicaragua, detalló.
Según el medio, uno de los casos que exhibió como ejemplo de las irregularidades, el informe reprodujo el testimonio de una víctima de la trata que relató que el vehículo en el que “nos montamos” se introdujo a Costa Rica y el conductor cobró 40 dólares a cada viajero. “Pasamos por los policías, entonces él (el transportista) se paró, el policía (costarricense) los vio y él solamente lo saludó y continuó el camino”, añadió.
“Ellos ya estaban amarrados, me imagino que cuando ese vehículo viene de vuelta para la frontera (norte de Costa Rica) a traer más gente, ya le pasa dejando el dinero que le corresponde”, agregó.
“Los traficantes ilícitos de migrantes trabajan aliados con algunos militares de Nicaragua y ciertos policías de Costa Rica”, reiteró en otra parte de la indagación.
Según la investigación : “También se logró establecer que algunos de estos traficantes de personas migrantes están relacionados con el narcotráfico y el tráfico de mercancías, como alimentos (queso), ropa y calzado y medicinas, sobre todo cuando no hay clientela en el tráfico de migrantes se dedican a estos delitos y que parte de su estrategia es dar dinero a policías costarricenses y militares nicaragüenses para que les pasen información”.
Peligros
El estudio de la Fundación Arias describió el escenario de “violencia, riesgos, rutas, retos y dinámicas migratorias regulares e irregulares que enfrenta la población migrante nicaragüense luego del 18 de abril de 2018, que huye de su país y cruza la frontera norte de Costa Rica, para solicitar protección internacional” en suelo costarricense, señala el Universal.
Nicaragua se hundió hace 31 meses en su más grave crisis política, institucional y socioeconómica del siglo XXI y la peor desde el final de su guerra civil, en 1990, al estallar multitudinarias protestas en contra del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que repudiaron una reforma social y detonaron en un masivo reclamo de renuncia de la pareja y de reconstrucción de la democracia. Ortega derogó la reforma, pero sin contener las exigencias callejeras.
La fuga a suelo costarricense fue ocasionada por “la amenaza, asesinato de familiares o amigos, persecución, imputación de delitos no cometidos y constante acoso de camionetas con paramilitares alrededor de sus casas”, precisó el informe de la Fundación.
La corriente humana de Nicaragua a Costa Rica por la crisis sociopolítica “está caracterizada por ser una migración joven, en su gran mayoría (…) estudiantes o profesionales que participaron en las protestas y que fueron despedidos de sus trabajos, amenazados, agredidos, encarcelados, torturados, con sentencias judiciales con falsas acusaciones” y víctimas de la eliminación de sus expedientes universitarios, aseveró.
“Otro factor relevante es la presencia de personas menores de edad acompañadas de sus padres que realizaron este trayecto o que fueron traídas al país por vías irregulares”, expuso el medio..
La comunidad LGBTTTI+ “no escapa a esta realidad, además estas poblaciones usualmente no cuentan con tejido familiar, son en su mayoría personas jóvenes que se encuentran solas, que pueden estar expuestas a situaciones de discriminación”, indicó.
