De acuerdo al acta número 42 del Concejo Municipal de San Carlos, del 20 de julio del 2015 los regidores, de ese entonces, acordaron de forma unánime, no negociar con los empresarios de apellido Campos, querellados por la Municipalidad de San Carlos por presunto peculado.
En esa ocasión dichas personas pretendían resarcir el daño con el pago de ¢30 millones y con ello evitar ir a juicio, dinero que pagarían en tractos durante dos años, según detalla documento en actas discutido por por los regidores del aquel entonces.
Hoy seis años después, dos de estos empresarios: Alexander Campos Cordero y Oscar Campos Zamora, imputados, buscar resarcir el mismo daño, pero ahora con ¢20 millones, pagados también en tractos.
Cabe recordar que dichos empresarios se habrían beneficiado con el otorgamiento al parecer de forma irregular de 17 licitaciones para acarreo de material para caminos por un monto de ¢108 millones.
Propuesta del pago de ¢20 millones actualmente se analiza en la Comisión de Jurídicos del Consejo Municipal para luego ser discutida por Concejo Municipal, quién decidirá si la acepta o rechaza.
Sobre estos hechos el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública del Segundo Circuito Judicial de San José, emitió una resolución el pasado 07 de mayo del 2021, mediante la cual realizado el análisis legal correspondiente, donde resolvió entre otros el RECHAZO LA APLICACIÓN DE LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO Y CONCILIACIÓN planteada por los imputados para casi todos los imputados, quedando excluidos de éste rechazo los imputados Alexander Campos Cordero y Oscar Campos Zamora, quienes según señala la resolución eventualmente sí podrían conciliar con las partes, por lo que podrán informarle al Tribunal, con una propuesta concreta”.
En la resolución no se excluye a los imputados: Oscar Campos Cordero, dueño de Excavaciones Campos Zamora S.A, y a Donald Cruz Araya, por el mismo delito. También no se excluye a los exfuncionarios municipales Jennifer Campos Zamora (ex-coordinadora de proveeduría ) Bernal Hernández Vásquez (ex-ingeniero municipal) y Marcos Rojas, funcionario de proveeduría, quien actualmente labora para el municipio.
Ex funcionario municipales habrían beneficiado a familiares
Las denuncia por peculado en contra de los empresarios y exfuncionarios municipales llegó a la Fiscalía Adjunta de Probidad Transparencia y Anticorrupción por el delito de peculado, el 26 de marzo del 2015.
Los hechos se remontan antes del año 2010 cuando la Municipalidad de San Carlos adjudicó contratos para la extracción y acarreo de materiales por más de 108 millones de colones a familiares de la coordinadora de la proveeduría, la señorita Jennifer Campos Zamora.
De acuerdo con una denuncia presentada en ese entonces por los ex-regidores Carlos Corella y Marcela Céspedes ante la Contraloría General de la República el 29 de abril del 2010. La ex-funcionaria y su novio en ese entonces, el ingeniero municipal Hernández, al parecer habrían beneficiado de esta forma a la familia Campos con al menos 17 licitaciones de acarreo de material, del 2008 al 2010, en donde el padre o los hijos de Campos siempre ganaban las licitaciones.
En esa ocasión Excavaciones Campos Zamora habrían utilizado una empresa ajena “Transportes Cruzco S.A” para evadir sospechas sobre los beneficios con contratos millonarios al padre de la funcionaria municipal de ese entonces, Jennifer Campos.
Cabe señalar que Transportes Cruzco según se se identificó no tenía maquinaria a su nombre, lo único que se pudo corroborar era que tenía un pick up marca Isuzu Dimax. Tampoco tenía permiso de hacer subcontrataciones, pero lo hizo.
Cabe señalar que “Transportes Cruzco S.A” fue la empresa que ganó las licitaciones, pero fue Excavaciones Campos las que ejecutó todas la obras.
Con el actuar de dichos funcionarios se habría violentado la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento” que prohíbe la participación de oferente a familiares de empleados públicos con poder decisión. También se habría violentado la Ley de Anticorrupción que castiga con hasta 8 años de cárcel, al funcionario que beneficie a familiares por estos hechos.
Por estos hechos el 20 de abril del 2015 la Municipalidad presentó una querella contra el proceder penal por los delitos de Acción Pública.
