“Pueblos indígenas viven violación sistemática de sus derechos por incumplimientos de gobiernos”

Para la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Organización de las Naciones Unidas ha establecido el lema “No dejar a nadie atrás: los pueblos indígenas y el llamado a un nuevo contrato social”, sin embargo, en Costa Rica, los pueblos indígenas siguen estando atrás.

Hoy, en muchas comunidades indígenas los puentes peatonales y los andariveles están en abandono total, y pese al alto riesgo son la única alternativa para cruzar los ríos. Hoy, en varios territorios indígenas sufren la falta de acceso al agua potable, a la electricidad y al servicio de internet. El rezago educativo de cientos de niños y niñas indígenas es total, porque dotar de internet a las comunidades indígenas no ha sido “un buen negocio” para ninguna empresa. Hoy, algunas comunidades indígenas se mantienen sin servicio de transporte público, y cuando lo hay, las autoridades a las que se les paga para regular estos servicios en favor de las y los habitantes, no respeta la voz de las comunidades indígenas, y terminan imponiéndoles las condiciones e intereses de los concesionarios.  Hoy, los servicios de salud llegan solo unos días, cada dos o tres meses, a algunas de las comunidades más distantes.

Hoy, personas indígenas han perdido la vida esperando que un helicóptero que los traslade a alguna Clínica u Hospital. La telemedicina solo ha sido una ilusión para justificar la falta de servicios médicos permanentes y accesibles. Es indiscutible que la deteriorada situación económica y fiscal del país, los demoledores casos de corrupción nacional y el impacto mundial por la pandemia del COVID 19, han llevado a los niveles más marcados las desigualdades en la sociedad costarricense; pero lo que queda claro es que ni siquiera la desigualdad se comparte equitativamente. Los pueblos indígenas que ya se tenían los índices de desarrollo humano más bajos, se han visto profundamente afectados pero lejos observar el compromiso estatal a través de acciones urgentes y pertinentes, las sistemáticas omisiones en la atención de deudas históricas apremiantes (agravadas por estos hechos recientes) mantienen a los pueblos indígenas más que atrás.

SEGURIDAD TERRITORIAL

A más de cinco años de la puesta en marcha del Plan de Recuperación de Tierras Indígenas, sus resultados no han conllevado la devolución de una sola finca a los pueblos indígenas; de la misma forma, los endebles procesos judiciales se enredan cada vez más en los hilos de una justicia que no llega ni pronta ni cumplida. Hoy, la situación de las tierras indígenas es una emergencia nacional no declarada, pese a los sistemáticos y persistentes actos de violencia contra personas indígenas, principalmente defensores y defensoras de derechos humanos y, los conflictos latentes y en escalada, en al menos 5 de los territorios indígenas.

Las reactivas respuestas del Poder Ejecutivo marcadas principalmente por el despliegue policial que no puede hacer otro tipo de labor más que de contención o atención de la violencia, evidencia la ausencia de buena fe y de un compromiso sostenido, consecuente y contundente. Ante esta inercia del gobierno y la provocada judicialización de acciones que pudieron resolverse administrativamente, se evidenció ahora la falta de acceso a la justicia y se exacerbó la desconfianza en el Poder Judicial, por la impunidad y la lentitud en el trámite de los procesos.

No existe claridad en cuanto a la cantidad de procesos judiciales en trámite relacionados con tierras declaradas territorios indígenas, ni el estado de su trámite; menos aún de si cumplen con los requerimientos establecidos en múltiples circulares específicas emitidas por instancias judiciales ni con la priorización que exige la Ley de Acceso a la Justicia. La Defensoría de los Habitantes demanda el compromiso al más alto nivel de las autoridades del estado costarricense para que mediante un nuevo contrato social y con la plena participación de los pueblos indígenas, se defina de manera urgente la hoja de ruta con las acciones a corto y mediano plazo que permitan alcanzar soluciones participativas, pertinentes y sostenidas.

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