Miércoles 25 de agosto de 2021. La Defensoría de los Habitantes convocó a las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y de la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica (CANAGRO), a un encuentro para dar a conocer la investigación y los alcances del Informe Final con Recomendaciones relacionado con la producción, fiscalización, comercialización y exportación de piña orgánica en la zona de San Carlos.
Este acto de rendición de cuentas se da luego de que la Defensoría estudió una denuncia de CANAGRO en la que solicitó investigar las anomalías en las actuaciones del Servicio Fitosanitario del Estado, tanto en el actuar de la Dirección como el Departamento de Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica (ARAO).
Tras el estudio del caso, la Defensoría emitió un Informe Final con Recomendaciones en el cual pide al MAG, entre otras cosas, revisar las acciones emprendidas frente a tres denuncias que presentó dicha Cámara, entre el 2018 y 2019, ante el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE). Se trata de dos denuncias administrativas que presentó la Cámara por aparentes anomalías en la operación de una agencia de certificación en agricultura orgánica y otra en contra de dos empresas acreditadas por el Estado como operadoras orgánicas.
La Defensoría realizó un informe sobre las denuncias de CANAGRO respecto a las declaratorias de confidencialidad de la información sobre la conformación de los expedientes y los procesos administrativos disciplinarios; las responsabilidades de las agencias certificadoras y la Administración Pública, así como de la competencia del SFE en la exportación a países sin convenio de equivalencia.
Habiéndose notificado por parte de la Defensoría las recomendaciones correspondientes a las instancias del Estado involucradas, se recibieron los informes de cumplimiento y reconsideración de algunas de las recomendaciones. Dichos informes fueron ampliamente analizados. La Defensoría consideró importante mantener las recomendaciones emitidas, aclarar el alcance de las mismas, y reconsiderar, en lo procedente, un par de ellas. Al respecto, se tiene que:
En cuanto a la argumentación del MAG en punto a que los casos oportunamente denunciados por CANAGRO fueron debidamente investigados, por lo que no puede procederse con su reapertura, la Defensoría recordó que dicha recomendación de investigación nació de la Comisión Permanente Especial para el Control de Ingreso y Gasto Público en 2018 – expediente 20.702- quien recomendó al entonces Ministro del ramo, evaluar de oficio la legalidad de las resoluciones y actuaciones que han sido cuestionadas como de dudosa validez, para, si resulta procedente, iniciar las acciones correctivas en aras de enderezar todos los procedimientos que resulten afectados por esos vicios detectados, y determine además las responsabilidades disciplinarias que en cada caso correspondan. Valga indicar que la Auditoría Interna del MAG se encuentra, a la fecha, realizando una valoración preliminar sobre dichas denuncias, por lo que esta Defensoría se mantendrá vigilante de lo que al respecto se resuelva.
En cuanto a la confidencialidad de la información en poder del SFE y de las agencias certificadoras, la Defensoría advierte sobre la necesidad de considerar la integralidad del ordenamiento jurídico nacional e internacional y la obligatoriedad de tener presente el principio constitucional de transparencia cuando se declara una información específica de carácter confidencial, lo cual resulta posible y válido únicamente por medio de una ley.
Sobre los expedientes y los procesos administrativos disciplinarios, a la Defensoría le consta que los expedientes aportados por el SFE no se ajustan a las normas archivísticas. En cuanto a los procesos administrativos disciplinarios, existe preocupación en cuanto a que, a pesar de la gravedad de la situación denunciada, al final no hubo un solo responsable y existe la posibilidad de que, a pesar de las denuncias presentadas, los hallazgos del trabajo de campo, las posibles irregularidades, las debilidades en el ejercicio de la fiscalización y la aceptación de las autoridades de que habían aspectos a los cuales había que poner atención, este asunto pase a engrosar las estadísticas sobre impunidad en el funcionamiento del Estado.
Sobre la visión alrededor de las responsabilidades de los diferentes actores, tanto públicos como privados, se detectaron serias diferencias sobre los eventos acontecidos en relación con la producción, comercialización y exportación de la piña orgánica en los tres casos denunciados.
“Para la Defensoría no sólo es necesario transparentar la información que es administrada por las instituciones y sus auxiliares en la función pública, sino también ser conscientes de la importancia de que el Estado costarricense, por medio de su institucionalidad, pueda asegurarse que en el desarrollo agrícola; en este caso la agricultura orgánica, se cumpla con los principios que la justifican y el ordenamiento jurídico vigente”, manifestó la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho.
