Alcaldesa de San Carlos Karol Salas dice que no izará una bandera sanitaria que causa división en la población sancarleña y que genera discriminación.
«(…) si el honorable Concejo Municipal o un grupo de sus regidores estiman y acuerdan de que la Municipalidad debe promover dicha campaña de vacunación mediante la bandera sanitaria, deberán estos regidores atender el compromiso adquirido y responder solidariamente ante las eventuales denuncias judiciales por los daños o perjuicios que sufran los ciudadanos con la aplicación de la vacuna por Covid19«, detalló
Salas también acusó al Presidente Municipal Juan Diego González Picado, de ejercer violencia política contra su persona, porque no esta dispuesta continuar con el proyecto de Bandera Sanitaria, y quitó la bandera blanca del municipio. Aseguró que González amenazó con entrabar proyectos municipales y obligarla a pedir disculpas por quitar la bandera.
«(…) como alcaldesa no puedo mantener izada una bandera que causa división social entre vacunados y no vacunados, que es un asunto de salud y de “condición social”, que además persigue y amenaza a los trabajadores con la pérdida de sus empleos, que limita a los estudiantes al no permitirles matricular en centros de estudios, y que impide a las personas a ingresar a comercios o centros de atención médica, todo esto en violación del derecho que tiene toda persona a un consentimiento previo, informado, pleno y libre, tal y como también lo exige el mismo Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuestión que actualmente se encuentra en estudio en la Sala Constitucional, donde miles de costarricenses han acudido
para hacer valer este derecho, derivado de la dignidad humana» expresó.
Según Salas no existe un acuerdo municipal ni convenio firmado por la administración en cuanto al proyecto de la Bandera Sanitaria que promueve la vacunación Covid19.
«Así consta en la respuesta escrita del señor Walter Hernández Gómez, encargado de Relaciones Públicas. De tal manera que es importante aclarar al honorable Concejo Municipal, que si hubo un acuerdo verbal con la administración pasada para promover dicha bandera, no debe extrañar a nadie que estamos ante una nueva administración, que las condiciones pueden (y deben cambiar), y que los acuerdos verbales e informales, no necesariamente se perpetúan en el tiempo al llegar una nueva Alcaldesa, ya que los asuntos deben ser sometidos a un nuevo análisis, incluso es conveniente para la transparencia y la ética que existan acuerdos bien documentados y motivados en el mejor interés del Cantón», expresó
También detalla Salas que el Código Municipal en su artículo 17, inciso e, establece que el Alcalde tiene la obligación de trabajar con un plan de gobierno que incorpore el principio de no discriminación por cualquier condición. Es decir, que los proyectos, planes o acciones deben respetar a los ciudadanos y no generar discriminación alguna por motivos raciales, sexuales, étnicos, religiosos, políticos, etáreos, ideológicos, lingüísticos, de ubicación geográfica, de filiación, de discapacidad, de estatus migratorio ni por cualquier otra condición social, tal y como lo exige el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Este medio trató hoy en la mañana de localizar Juan Diego González, Presidente Municipal, para conocer su versión sobre estas acusaciones, pero no contestó el teléfono, pero se le dejó un mensaje.
