Gobierno dice que país consolida política pública para atención integral a la población refugiada

  • Este miércoles, el presidente Carlos Alvarado firmó decreto que formaliza las estructuras del Marco Integral Nacional de Respuesta a las Personas Refugiadas (MINARE).
  • Esta iniciativa refuerza el compromiso del país de proteger con los más altos estándares a la población refugiada y contribuye a la movilización de cooperación internacional.
  • “Con este decreto, Costa Rica da un ejemplo al mundo en materia de política pública y gestión administrativa para la respuesta al desplazamiento forzado y reitera su liderazgo regional en respeto a los Derechos Humanos”, dijo Milton Moreno, representante del ACNUR en Costa Rica.
  • Presidente Alvarado llamó a todos los sectores de la sociedad y a la cooperación internacional a sumarse a este esfuerzo para asegurar la protección y soluciones duraderas a las personas refugiadas en suelo nacional.

El presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó este miércoles el decreto ejecutivo Nº43393, mediante el cual se formaliza el Marco Integral Nacional de Respuesta a las Personas Refugiadas (MINARE) como la plataforma nacional de discusión y coordinación de acciones para temas relacionados con refugio en Costa Rica. Junto con el mandatario firmaron el ministro de Gobernación y Policía, Michael Soto; la ministra de Trabajo, Silvia Lara; el canciller a. i, Cristhian Guillermet y la ministra de Planificación, Pilar Garrido.

En un contexto regional marcado por un creciente desplazamiento forzado, el MINARE fue adoptado en 2017 como un plan piloto para guiar la respuesta país a la situación tanto de las personas refugiadas como las solicitantes. Basados en los logros alcanzados, el Gobierno de la República emite este decreto, reafirmando la importancia de esta plataforma y formalizando su estructura de coordinación.

“Costa Rica tiene una larga tradición de acogida y de protección a las personas que buscan refugio, en concordancia con nuestro compromiso al respeto de los derechos humanos. Este decreto viene a ratificar y a formalizar las acciones necesarias del Estado costarricense para las políticas de protección e integración de las personas que se ven obligadas a desplazarse”, expresó el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada.

El presidente insistió en la necesidad de mantener una respuesta articulada al fenómeno del desplazamiento forzado y llamó a los demás sectores de la sociedad, sector privado, academia, la cooperación internacional y sociedad civil, a sumarse a este esfuerzo.

Asimismo, se dirigió a la comunidad internacional exhortando a continuar apoyando al país bajo el principio de responsabilidad compartida con más cooperación técnica y financiera para asegurar la protección y soluciones duraderas para las personas refugiadas en suelo nacional.

“Con la firma de este decreto ejecutivo, Costa Rica da un ejemplo al mundo en materia de política pública y gestión administrativa para la respuesta al desplazamiento forzado y reitera su liderazgo regional en respeto a los Derechos Humanos”, dijo Milton Moreno, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Costa Rica.

La estructura de coordinación del MINARE incluye a jerarcas y técnicos especialistas de los ministerios de Relaciones Exteriores y Culto, Trabajo y Seguridad Social, Planificación Nacional y Política Económica, Desarrollo Humano e Inclusión Social y Educación Pública; el Viceministerio de Gobernación y Policía, la Dirección General de Migración y Extranjería, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Aprendizaje.

Además, cuenta con la participación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) como Secretaría Técnica y el respaldo político de la Organización de Estados Americanos. 

Creciente demanda. La puesta en marcha del MINARE ha permitido a Costa Rica atender la creciente cantidad de solicitudes de refugio, enfrentar periodos de emergencia como la pandemia y fortalecer su sistema de refugio siguiendo los más altos estándares internacionales de protección.

En 2021, bajo el liderazgo de la viceministra de Gobernación y Policía y coordinadora se MINARE, Priscila Zúñiga, se logró la actualización de los compromisos del MINARE, con el objetivo de adaptarlos a la nueva realidad nacional, particularmente a los retos adicionales relacionados a la pandemia por el COVID-19.

“Uno de los mayores aciertos del MINARE es el esfuerzo de articulación que ha realizado nuestra institucionalidad para poder brindar respuestas efectivas, acordes con las posibilidades del país y respetuosas de los derechos humanos de las personas en condición de refugio”, aseguró Zúñiga.

Concluyó que “la firma de este decreto viene a plasmar y formalizar este esfuerzo mediante la creación de una estructura de doble coordinación, es decir un Comité Ejecutivo y un Equipo Técnico Nacional, que permite dar seguimiento y revisar los avances que vayamos alcanzando como país”.