Francisco Dall’Anese, el abogado del alcalde sancarleño Alfredo Córdoba Soro intenta convencer a la fiscalía que su defendido no tuvo nada que ver con el Caso Diamante por el cual se le investiga. En este caso, intentará evitar que el juzgado prolongue su suspensión de su cargo por seis meses.
Lo anterior en la audiencia que se lleva a cabo en el Segundo Circuito Judicial de San José en Goicoechea para determinar si amplían medidas cautelares a los seis alcaldes investigados por el Caso Diamante.
La Fiscalía acusa a Alfredo Córdoba de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y penalidad del corruptor por el caso Diamante.
Cabe recordar el Dall Anese, se ha mantenido como abogado defensor de Córdoba, luego que este fuera condenado en el 2019 a seis meses de suspensión de labores, por el delito de nombramiento ilegal al ex funcionario municipal Wilberth Rojas.
Dicho abogado dijo a medios nacionales que mantiene suficientes pruebas para comprobar que su defendido no tuvo ninguna relación con el Caso Diamante.
Los seis alcaldes investigados por el Caso Diamante son son: Johny Araya alcalde josefino, Humberto Soto, de Alajuela, Mario Redondo, de Cartago; Arnoldo Barahona, de Escazú; Alfredo Córdoba, de San Carlos y Alberto Cole, de Osa.
Dichos alcaldes fueron suspendidos a finales de noviembre del 2021, por aparentemente recibir dádivas de Constructora Meco para obtener licitaciones viales.
En la audiencia, que se extenderá hasta miércoles o jueves de esta semana se determinará si la suspensión del puesto se mantiene o si se permite el regreso de los jerarcas a las municipalidades.
Se señalar que la fiscalía pediría la ampliación de medidas cautelares por seis meses más para los seis alcaldes, pero los acaldes ayer pidieron que los dejen volver a sus puestos de trabajo.
A Alfredo Córdoba el Ministerio Público lo investiga por una dádiva de ¢15 millones que le habría dado Constructora Meco para obtener licitación de un camino de Pitalito de Aguas Zarcas, San Carlos, cuyo costo de construcción es de ¢600 millones y que se haría con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
También el alcalde habría influido para que MECO obtuviera una licitación de rehabilitación de la ruta nacional 250, que conduce a Saíno, Boca Tapada y Río San Carlos, cuyo costo rondaría los ¢506 millones.
Asimismo, MECO le habría concedido al alcalde la contratación como empleado al esposo de su hija, en un proyecto que la constructora tenía en Nicaragua. Esto porque la hija del alcalde realizaba una práctica en ese país y su yerno necesitaba trabajo ya que es ingeniero y debía permanecer un año en el hermano país.
Pollera de Calle Damas de la Palmera
También el Ministerio Público investiga la construcción de un planché de cemento para hacer una pollera en Calles Damas de Palmera, labor que le habría concedida MECO como una dádiva más.
Luego que el Tribunal de Hacienda condenara la semana pasada a Alfredo Córdoba Soro Alcalde de San Carlos a seis meses de inhabilitación de su cargo y a pago de 3.6 millones de colones por nombramiento ilegal del ex funcionario Municipal Wilberth Rojas en el años 2002, ahora la discusión está en la perdida sus credenciales de acuerdo a la ley.
