- Los principales productos agropecuarios de exportación de Costa Rica requieren del uso de agroquímicos y buenas prácticas agrícolas para cumplir con los rigurosos estándares de calidad y seguridad en mercados internacionales, así como las exigencias de las certificadoras.
- Experto señala que en climas tropicales la presencia de plagas que afectan los cultivos obliga a los productores a utilizar agroquímicos para proteger las cosechas.
San José, 9 de noviembre 2023. El sector agrícola representa, aproximadamente, el 5,6% del Producto Interno Bruto, existen más de 663 empresas, las cuales exportan alrededor de 337 productos diferentes a 112 destinos internacionales, según información proporcionada por la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO). Cumplir con los requisitos de calidad y cantidad para competir en esos países, obliga a los productores a buscar herramientas que los ayuden a ser más competitivos
Frente a esta realidad, el reciente mensaje del ministro de Agricultura y Ganadería, señor Víctor Carvajal, relacionado con la necesidad de regular y no prohibir el uso de algunos agroquímicos constituye un voto de esperanza para los productores agropecuarios que luchan constantemente por mantenerse en el mercado y seguir generando alimentos tanto para los consumidores nacionales como internacionales.
En la actualidad, los principales productos agrícolas de exportación del país dependen del uso de agroquímicos y de las buenas prácticas agrícolas aplicadas, para cumplir con los rigurosos estándares de calidad y seguridad en mercados internacionales, así como las exigencias de las certificadoras. La prohibición de agroquímicos implicaría la incapacidad de cumplir con las demandas de los compradores por exportaciones agrícolas, con un valor promedio de $3 mil millones de dólares anuales, según estadísticas de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER).
Jorge Cartín, ingeniero agrónomo y director de la Alianza para la Sostenibilidad Agrícola (ASA) expresó su preocupación por el reto que tiene el sector productivo agrícola y considera que, la solución para la reglamentación de uso de agroquímicos no consiste en prohibir, sino en realizar un análisis de riesgo y, basándose en los resultados técnicos, plantear alternativas.
“En el sector, apoyamos la regulación basada en evidencia científica y técnica para garantizar la salud pública y el cuidado del ambiente. Por lo anterior consideramos que, es necesario contar con una mayor voluntad técnica y política para implementar medidas efectivas y beneficiosas para todos. Por lo que, desde la Alianza para la Sostenibilidad Agrícola (ASA), apoyamos la posición planteada por el ministro de Agricultura y Ganadería, sr. Víctor Carvajal,” dijo Cartín.
El representante mencionó que, una eventual prohibición de los agroquímicos en el país generaría una serie de consecuencias perjudiciales para todos. Entre ellas, la escasez de alimentos, un incremento en los precios para los consumidores y una disminución en la producción destinada a la exportación. Esto último tendría un impacto directo en el aumento del desempleo y la pobreza en las zonas rurales del país.
Además, Cartín señaló que, al prohibir los agroquímicos, podrían desaparecer miles de hectáreas de cultivo, lo que resultaría en la pérdida de empleo para la mayoría de los agricultores y para quienes forman parte de las cadenas de valor de estos productos, tales como empresas dedicadas a la producción de cajas de cartón, maquinaria y equipos, entre otras actividades.
“Desde la Alianza para la Sostenibilidad Agrícola (ASA) somos conscientes de la importancia de acompañar a nuestros agricultores en el uso adecuado de agroquímicos, de manera que no se comprometa el ambiente, la salud humana ni el trabajo de miles de agricultores” señaló Cartín. Según datos de la Cámara Nacional de Agricultura y Ganadería (CNAA) el Sector Agropecuario es el mayor empleador en las zonas rurales del país, llegando a representar un 30% del total de ocupados de la Población Económicamente Activa (PEA) de estas regiones. Este sector, además, emplea un 4% de los ocupados en las zonas urbanas y genera ingresos para más de 500 mil habitantes en áreas costeras y rurales.
