- Productores se verían obligados a aumentar precios para compensar incremento en costos de producción.
- De acatar esta recomendación, Costa Rica también pondría en riesgo más de 100 mil puestos de trabajo directo, sin contar el impacto sobre empleos indirectos del sector agropecuario.
San José, febrero 2023. Un potencial aumento del impuesto al valor agregado de los insumos agropecuarios, tal y como lo recomendó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), provocaría un incremento en el precio de los productos agrícolas para los consumidores finales.
Al subir los impuestos en la compra de estos productos, muchos agricultores se verían obligados a aumentar los precios para compensar los mayores costos de producción y como resultado, los consumidores podrían enfrentar tarifas excesivas, como, por ejemplo, pagar un monto absurdo por un kilo de cebolla.
De acatar esta recomendación, Costa Rica también pondría en riesgo más de 100 mil puestos de trabajo directo, sin contar el impacto sobre empleos indirectos del sector agropecuario, el mayor empleador en las zonas rurales del país.
“El gobierno debe preocuparse por fomentar políticas públicas que permitan fortalecer la agricultura nacional y dar herramientas en diversas áreas como pueden ser créditos especiales al sector, productos agroquímicos que ayuden a controlar los problemas en el campo, acceso a tecnología de punta para aumentar la eficiencia, asistencia en el campo, en fin, diversas medidas que busquen que la agricultura costarricense sea mejor, sea rentable y atractiva para los agricultores, recordemos que ellos son los que aseguran nuestra alimentación, son generadores de empleo y aportan enormemente a la economía del país, mencionó, Jorge Cartín, director de la Alianza para la Sostenibilidad Agrícola (ASA).
En el 2018 algunos agroquímicos fueron incluidos dentro la Canasta Básica Tributaria, por medio de una reforma fiscal, donde se estableció que estos productos solo pagarían un 1% de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y no el 13% que se cancela al comprar otros bienes y servicios en el país.
Ante esta situación, la OCDE sugirió el año anterior, la eliminación de las subvenciones a los pesticidas, argumentando que estas exenciones y descuentos han ocasionado una pérdida significativa de ingresos para el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, en un foro organizado en el 2018 por la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica (UCR), expertos aseguraron que gravar la canasta básica agropecuaria con el 1%, beneficia a este sector y protege a los productores nacionales ante la competencia de productos importados.
“Si esta medida se llega a implementar, provocaría, además, la afectación en la rentabilidad para los agricultores, desventaja de productos agrícolas similares en relación con las importaciones de países vecinos, y el sector agroexportador y agroindustrial perdería competitividad internacionalmente, señaló, Cartín.
