Si bien nuestro país aún no enfrenta problemas graves sobre la Seguridad Alimentaria Nutricional, es necesario darles atención prioritaria a tres áreas: el acceso económico y físico a los alimentos, a la calidad de estos y la capacidad de adaptación del sector agropecuario a los cambios en el clima.
Así lo determinó una investigación de la Defensoría de los Habitantes sobre el acceso a la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la población costarricense por el impacto de ciertos factores externos en el sector agrícola como la guerra en Ucrania, el alza en el precio del petróleo y al cambio climático, aspectos que tienen una injerencia directa sobre la formulación y dirección de políticas públicas nacionales y regionales para afrontar los desafíos del sistema alimentario.
En el caso de Costa Rica, según la Encuesta Nacional de Hogares del 2020, en 16 de cada 100 hogares en Costa Rica, al menos una persona adulta se vio obligada en ocasiones, a reducir la calidad o cantidad de su dieta, debido a la falta de dinero u otros recursos(16,42 %). Mientras que dos de cada 100 hogares se vieron afectados por inseguridad alimentaria severa(2,33%). Esto implica que en esos hogares al menos una persona adulta tuvo que reducir la cantidad de alimentos consumidos o inclusive, pudo haber pasado un día entero sin comer. En este sentido el Estado de la Nación señala que, la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave sigue aumentando, principalmente entre las mujeres.
Para algunos expertos, si bien el país disminuyó su capacidad de autoabastecimiento de productos básicos para la alimentación por las condiciones climáticas, la disponibilidad de tierras y la apuesta nacional por la protección del medio ambiente, el principal factor es la falta de políticas públicas que apoyen a los sectores productivos.
Así como lo han señalado la Contraloría General de la Republica y el Estado de la Nación, la Defensoría de los Habitantes concluye que si bien es posible identificar instrumentos de política pública sobre el tema, prevalece la desarticulación, los bajos niveles de coordinación y colaboración entre las instituciones responsables de su diseño y ejecución, siendo necesario la aplicación de un enfoque integrado de Gobierno que coadyuve con soluciones oportunas, eficientes y eficaces en esa materia.
La investigación permitió determinar que no existe una ley marco que regule el tema ni órganos clave y que se venció la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2021 sin que se haya planteado una alternativa, por lo que la Defensoría destacó la importancia de construir mecanismos para una adecuada implementación de las acciones y recursos y alcanzar consensos entre los distintos actores del sector para avanzar en el cumplimiento de las metas establecidas.
Entre los retos que persisten, es necesario instaurar un sistema de alertas tempranas para mitigar o atendereventuales emergencias climatológicas, plagas y enfermedades, así como situaciones de restricción en el comercio internacional, esencial para reducir la vulnerabilidad a las crisis alimentarias en el comercio internacional.
Además, se requiere contar con un adecuado proceso de registro de agroquímicos, generar nuevas vías de registro para insumos alternativos y moléculas, así como el servicio de certificación y utilización de semillas; habilitar los servicios de laboratorio que,además, revise la efectividad de éstos en el mercado; así como la generación de nuevas vías de registro para insumos alternativos no contaminantes.
En materia de cambio climático, urge contar con servicios de información climatológica y de siembra accesibles, que le permita al productor consultar en qué fechas se puede sembrar y así tomar decisiones de producción más certeras.
En este sentido, la Defensoría de los Habitantes le solicitó al Ministerio de Agricultura y Ganadería, reactivar el Sistema Nacional de Información en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINSAN) para disponer de informes de alerta para la atención oportuna de situaciones eventuales que puedan constituir una amenaza a la seguridad alimentaria y nutricional de la población del país y adoptar mecanismos de diálogo y participación con representantes de los productores, así como contar con la asesoría de la FAO, con el fin de que analicen los riesgos de una alta dependencia de las importaciones de algunos alimentos básicos en la dieta nacional, ante los escenarios de crisis climáticas o geopolíticas, que podrían dificultar, no sólo su disponibilidad, sino también el acceso ante la alta volatilidad por los cambios en los precios.
