Explotación laboral en la Zona Norte: Migrantes y ticos, víctimas del abuso en plantaciones y construcciones
Zona Norte de Costa Rica. En las fincas agrícolas, bananeras y proyectos de construcción de la Zona Norte, una realidad se repite en silencio: trabajadores costarricenses y migrantes, principalmente nicaragüenses, son explotados bajo condiciones laborales precarias, sin acceso a seguridad social, vacaciones ni derechos laborales mínimos.
Según testimonios recopilados en comunidades de Los Chiles, Upala y San Carlos, es común que los empleadores contraten mano de obra a través de contratistas, una figura utilizada para evadir el pago de cargas sociales y beneficios laborales. Esta práctica ha creado una red de abuso y desprotección que afecta especialmente a personas migrantes en situación irregular.
“Uno trabaja hasta doce horas en el sol, sin derecho a nada. Si se enferma, lo botan. Y si uno habla, lo amenazan con llamar a Migración”, relató un jornalero de origen nicaragüense que pidió el anonimato por temor a represalias.
Instituciones ausentes
En el terreno, la presencia de inspectores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) es casi nula. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tampoco realiza controles periódicos, permitiendo que cientos de trabajadores laboren sin estar asegurados ni tener acceso al sistema de salud.
Fuentes cercanas al MTSS que solicitaron reserva señalan que en algunos casos existen denuncias de funcionarios que reciben “mordidas” para no aplicar sanciones a empresas que violan la ley laboral, perpetuando así la impunidad.
Los contratistas, el eslabón clave
En cuanto a las formas de contratación, muchas empresas optan por externalizar esta función mediante la subcontratación, trasladando así sus responsabilidades laborales a terceras empresas, generalmente constituidas como sociedades anónimas. Este modelo les permite emplear mano de obra migrante en condición irregular y, en muchos casos, operar bajo esquemas de clandestinidad. Este entorno facilita prácticas ilegales como el tráfico y la trata de personas, fenómenos que, aunque presentes, siguen siendo poco investigados y visibilizados en el país.
A quienes intentan organizarse para mejorar estas condiciones, el panorama no les resulta favorable. La persecución sindical, el hostigamiento a dirigentes, la creación de listas negras y la manipulación o debilitamiento de sindicatos son tácticas comunes usadas por las empresas para contener cualquier intento de resistencia laboral. Estos hechos evidencian que el sector agroindustrial, en particular, depende de trabajo manual precarizado y flexible como base para sostener su producción y expansión.
No es coincidencia que estas actividades económicas se establezcan en zonas rurales donde aún persisten formas tradicionales de vida no totalmente mediadas por el mercado capitalista, como el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres, la agricultura de subsistencia o la gestión comunitaria de recursos naturales. Estas prácticas son esenciales para la reproducción cotidiana de la fuerza laboral, permitiendo a las empresas mantener salarios bajos, que de otro modo serían insuficientes para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores
Los llamados contratistas son figuras intermediarias que reclutan trabajadores y los colocan en fincas o proyectos sin registrar adecuadamente su vínculo laboral. De esta manera, el empresario se deslinda de obligaciones y el trabajador queda desprotegido.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos sociales de la zona han lanzado una alerta roja ante esta situación, señalando que la figura del contratista se ha convertido en una herramienta para la evasión de derechos y responsabilidades patronales.
“La mayoría de estos trabajadores están fuera del sistema. No cotizan, no tienen vacaciones, no tienen aguinaldo. Y esto sucede con conocimiento de todos: empleadores, autoridades locales e incluso algunos funcionarios públicos”, denunció una vocera de una red comunitaria de derechos laborales.
Migración sin control, trabajo sin ley
La frontera con Nicaragua sigue siendo un punto de ingreso irregular constante. La falta de controles fronterizos y la necesidad urgente de trabajar hacen que muchos migrantes acepten cualquier condición para sobrevivir.
“Cruzamos por el río o por la montaña. En dos días ya estamos sembrando piña o cortando caña. Nos pagan lo mínimo, pero no hay otra opción”, relató un joven migrante de 22 años.
La problemática no es nueva, pero ha empeorado con la crisis económica y migratoria de los últimos años. A pesar de que Costa Rica cuenta con leyes laborales claras y una institucionalidad robusta, en la práctica el sistema se desmorona en zonas rurales como la Norte.
Expertos coinciden en que se requieren acciones inmediatas y coordinadas:
- Mayor presencia de inspectores laborales y operativos sorpresa en plantaciones y construcciones.
- Sanciones efectivas a empresarios y contratistas que incumplen la ley.
- Fortalecimiento de los controles fronterizos.
- Campañas de sensibilización y apoyo legal a trabajadores migrantes.
Mientras tanto, en las tierras del norte, la explotación continúa bajo el silencio de los cañales y las paredes en construcción.
Zona Norte: una frontera porosa que facilita el ingreso y explotación de migrantes indocumentados
En la Zona Norte de Costa Rica, el paso de migrantes indocumentados no es una excepción, sino parte del paisaje cotidiano. A lo largo de caminos secundarios, trillos en fincas y pasos ciegos entre matorrales, decenas de personas cruzan a diario la frontera desde Nicaragua hacia cantones como Los Chiles, Upala, Guatuso y San Carlos. Lo hacen sin visas, sin papeles y sin preguntas, porque en esta región, la falta de controles migratorios efectivos ha convertido la frontera en una línea simbólica más que en una barrera real.
Una vez dentro del país, estos migrantes —la mayoría hombres jóvenes, pero también mujeres y familias enteras— son reclutados por contratistas agrícolas o de construcción, quienes los transportan en camiones como si se tratara de mercancía. En muchos casos, los recogen en puntos acordados cerca de la frontera y los distribuyen en fincas, cultivos o proyectos donde trabajan por jornadas extenuantes, sin derechos laborales ni acceso a servicios básicos.
“Los traen al amanecer, los meten a la finca por una portón trasero y los devuelven en la noche o cuando ya no los ocupan”, cuenta un vecino de una comunidad fronteriza. “Todo el mundo sabe que pasa, pero nadie hace nada”.
Este ciclo de explotación es silencioso, sistemático y funcional para los intereses de ciertos empresarios, que logran mantener bajos costos de producción a costa de vulnerar los derechos de seres humanos en situación de extrema necesidad.
Una práctica común es que estos trabajadores crucen la frontera nuevamente tras concluir la cosecha o el trabajo temporal, evitando así controles migratorios o inspecciones laborales. Algunos incluso retornan cada semana a Nicaragua para ver a sus familias o llevar el poco dinero ganado, repitiendo el ciclo una y otra vez. Así, Costa Rica recibe su fuerza laboral pero evade su responsabilidad legal y social sobre ella.
A pesar de que el Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Migración y Extranjería tienen presencia institucional, en el terreno brillan por su ausencia. La escasa vigilancia, junto con la complicidad o indiferencia de algunos actores locales, permite que esta red de ingreso, explotación y retorno opere con total impunidad.
Incluso hay denuncias de transportes improvisados en camiones sin condiciones mínimas de seguridad, donde los migrantes viajan hacinados, expuestos a accidentes, enfermedades o detenciones arbitrarias si caen en manos de las pocas autoridades que aún intentan controlar el flujo.
Un fenómeno normalizado, pero no legal
Lo más preocupante es que, para muchos habitantes y empresarios de la zona, este modelo de trabajo irregular se ha naturalizado. Se asume que “así ha sido siempre”, que “sin ellos no se mueve la finca”, y que “es mejor así porque nadie quiere pagar cargas sociales”.
Sin embargo, esta normalización esconde una grave crisis de derechos humanos, donde se explota la necesidad de los migrantes y se evade toda responsabilidad legal por parte de quienes se benefician directamente de su trabajo.
Organizaciones defensoras de los derechos laborales y migrantes han advertido que la figura del contratista, en muchos casos, funciona como una tapadera para encubrir relaciones laborales informales, permitiendo que los empleadores directos se laven las manos ante cualquier inspección o denuncia.
Urge una intervención integral y coordinada entre instituciones como Migración, el Ministerio de Trabajo, la CCSS y la Defensoría de los Habitantes. Se necesitan operativos regulares, presencia permanente en las zonas críticas, campañas de sensibilización y un sistema de denuncia accesible y protegido para los trabajadores.
Mientras tanto, la frontera norte sigue abierta no solo al paso de personas, sino también a un sistema de explotación que alimenta la riqueza de unos pocos y perpetúa la miseria de muchos.
