Foto archivo: Policía en una empresa piñera de la zona en 2022
CCSS y Ministerio de Trabajo no inspeccionan empresas agrícolas donde se explota laboralmente a empleados y migrantes
Contratistas fungen como figura clave para eludir responsabilidades laborales. Las inspecciones, cuando ocurren, suelen ser previamente anunciadas.
Por Redacción
Pese a las constantes denuncias sobre condiciones laborales inhumanas en empresas agrícolas y de construcción, las instituciones encargadas de fiscalizar —la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)— parecen fallar en su labor de inspección, permitiendo que continúe una preocupante cadena de explotación, especialmente hacia personas migrantes.
Fuentes consultadas aseguran que en diversas regiones del país, especialmente en zonas rurales donde operan fincas agrícolas y proyectos de construcción, los trabajadores enfrentan jornadas extenuantes sin pago de horas extra, condiciones insalubres, sin seguro social ni garantías mínimas. Muchos son migrantes en condición irregular, lo que los vuelve aún más vulnerables ante los abusos patronales.
El contratista: figura clave en la evasión
Una práctica cada vez más común entre las empresas es utilizar a contratistas o subcontratistas como intermediarios para evitar responsabilidades legales y laborales. Bajo esta modalidad, el contratista se convierte en el supuesto “empleador” de los trabajadores, lo que permite a la empresa principal deslindarse de obligaciones como el aseguramiento, el pago de aguinaldo, vacaciones, cargas sociales, entre otros derechos laborales.
“Todo está diseñado para que la empresa quede limpia. Si algo pasa, culpan al contratista. Pero en la práctica, el contratista es una figura de papel, muchas veces sin recursos, sin registro formal, y desaparece si hay problemas”, explicó un extrabajador agrícola en condición de anonimato.
Inspecciones anunciadas: una trampa evidente
Aun cuando la ley exige inspecciones aleatorias y sin previo aviso, diversos testimonios indican que las empresas suelen recibir alertas con antelación sobre las visitas de los inspectores del MTSS o de la CCSS. Esto permite a los patronos preparar el terreno: esconden a los trabajadores no asegurados, elaboran registros falsos y maquillan condiciones laborales para dar una apariencia de legalidad.
“Es una farsa. Cuando viene una inspección, ya todo está escondido. A los que no están asegurados les dicen que se vayan temprano o que se queden en los buses. Nadie investiga de verdad”, relató una fuente vinculada a una finca en la Zona Norte.
Sectores más afectados: agricultura y construcción
El problema no es exclusivo del sector agrícola. El sector de la construcción también presenta altos niveles de informalidad, sobre todo en obras pequeñas y medianas en zonas periféricas o urbanas sin supervisión efectiva.
Ambos sectores comparten características similares: alta dependencia de mano de obra migrante, subcontratación irregular, pagos en efectivo sin comprobante, y escasa o nula fiscalización institucional.
Silencio institucional y falta de voluntad
Ni la CCSS ni el Ministerio de Trabajo han respondido de forma contundente ante las denuncias. Mientras tanto, miles de trabajadores —muchos de ellos en condición de pobreza— siguen atrapados en un ciclo de explotación.
Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han insistido en la necesidad de fortalecer la capacidad de inspección, aumentar el número de funcionarios en campo, aplicar tecnología para detectar irregularidades en tiempo real y sancionar no solo al contratista, sino también a la empresa beneficiaria del trabajo.
“Costa Rica se jacta de ser un país que respeta los derechos humanos, pero lo que ocurre en muchas fincas y obras es esclavitud moderna. Hay una cadena de complicidades que permite que esto siga”, aseguró una abogada laboralista que trabaja con personas migrantes.
¿Y la responsabilidad social empresarial?
Muchas de estas empresas venden productos de exportación o participan en proyectos financiados por fondos públicos o internacionales. Pese a ello, muy pocas son auditadas en temas laborales, y algunas incluso presumen de cumplir con estándares de sostenibilidad.
La contradicción entre el discurso y la práctica es evidente. La pregunta sigue en el aire: ¿quién protege realmente a los trabajadores en Costa Rica?
En el año 2022 la Organización alemana Oxfam denuncia explotación laboral casi esclavista en piñeras y bananeras de Costa Rica
Una dura denuncia sobre las condiciones laborales en algunas fincas piñeras del Norte y bananeras del Caribe costarricense fue dada a conocer por la organización internacional alemana Oxfam, durante una conferencia de prensa realizada hace tres años en conjunto con la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP).
Steffen Vogel y Tim Zahn, representantes de Oxfam —confederación que agrupa a 19 organizaciones no gubernamentales y realiza trabajo humanitario en más de 90 países— expusieron que en varias plantaciones del país se mantienen prácticas de explotación laboral, caracterizadas por jornadas que superan las 15 horas diarias, salarios muy por debajo del mínimo legal y ausencia de prestaciones sociales como seguro médico o aguinaldo.
Condiciones precarias y violación de derechos
El informe detalla que los trabajadores, en su mayoría migrantes, están expuestos continuamente a agroquímicos peligrosos sin la protección adecuada y enfrentan amenazas de despido si intentan organizar sindicatos o exigir sus derechos laborales.
Además, se denunció el uso de contratistas fantasma que permiten a las empresas eludir responsabilidades y pagar salarios inferiores al mínimo. Cada vez que inspectores del Ministerio de Trabajo visitan estas fincas, los empleadores advierten con anticipación y ocultan a los trabajadores no asegurados para aparentar cumplimiento legal.
Certificaciones internacionales: un engaño
Uno de los aspectos más polémicos que señaló Oxfam es que algunas empresas pagan a certificadoras internacionales para obtener sellos que garantizan un trato justo a sus empleados y respeto ambiental. Sin embargo, esta certificación no refleja la realidad de las condiciones laborales ni el impacto ambiental, generando un falso sentido de seguridad para los consumidores en Europa.
Llamado a la responsabilidad y acciones futuras
Steffen Vogel aseguró que su visita no busca interferir en la política interna costarricense, sino visibilizar ante el público europeo la explotación que sufren estos trabajadores para que la fruta llegue a los supermercados con costos humanos tan altos.
Asimismo, advirtió que Alemania implementará regulaciones más estrictas para cadenas de suministro de frutas y vegetales, sancionando a empresas que compren productos vinculados a explotación laboral.
Por su parte, Tim Zahn destacó la responsabilidad de los supermercados y compradores internacionales, que no pueden deslindarse de los abusos cometidos por los proveedores o contratistas.
Reacción nacional
En aquella ocasión Albino Vargas, secretario general de ANEP, instó a las autoridades nacionales a tomar cartas en el asunto y a actuar contra estas graves violaciones de derechos humanos. Además, alertó que en la Zona Norte han recibido denuncias que relacionan a algunas empresas piñeras con actividades de narcotráfico, aunque aclaró que existen fincas que sí cumplen con sus obligaciones laborales.
