La diputada sancarleña María Inés Solís, reacción molesta por la gran cantidad de impuestos que pesen sobre las espaldas de los costarricenses: » sólo falta que nos pongan un impuesto por respirar», dijo la legisladora.
Lo anterior, por actualmente existe proyectos de todo tipo que se encuentran en discusión, sin embargo, al parecer la fuente de financiamiento preferida sigue siendo la incorrecta: impuestos, impuestos y más impuestos, detalla
Puntualiza que tal es el caso del expediente 21.534 (Ley para el fomento de la lectura, el libro y las bibliotecas), y es que esta iniciativa como su nombre lo dice que pretende fomentar la lectura, la escritura y las bibliotecas (físicas o digitales); así como la producción y circulación del libro en cualquier soporte, y a las entidades, procesos y recursos relativos a ellos, tal como se consta en su artículo primero.
Detalla que en su capítulo XII, se habla de la creación de un Fondo Nacional para el Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas, que ha presentado una serie de cambios en su trámite legislativo, sin embargo, en todas sus versiones siempre se propone la creación de un impuesto.
En una coyuntura como en la que nos encontramos, este tipo de propuestas no deberían siquiera de estar sobre la mesa, no podemos seguir “golpeando” a los más afectados por la pandemia, ni desincentivar más a la economía. Pero además, Servicios Técnicos también hizo su observación sobre lo inconveniente que sería la aplicación de esta fuente de financiamiento, detalló
Este Departamento de la Asamblea Legislativa, hace un ejercicio en donde se supone que solamente se pagará una única vez y será cuando se da la importación, utilizando los datos del Ministerio de Hacienda en 2018 se importó ropa usada por un total de 11.983.590,34 kilogramos, por lo que de aprobarse la iniciativa legal se tendría por concepto del mencionado impuesto la suma de $11.983.590,34, que en colones representa alrededor de ¢6.950,36 millones Valga indicar que, de acuerdo con la citada fuente, el valor aduanero de la mercancía importada alcanzó los $6.088.056,95 en el 2018 por lo que el monto recaudado por el nuevo impuesto representaría un 196% del valor aduanero de dichas importaciones en el año 2018. (Servicios Técnicos, 2019).
Señala además este informe, que ya la ropa usada paga otros impuestos, como lo son derechos arancelarios a la importación, impuesto al valor agregado, un 1% de la Ley 6946 y un 10% de la Ley 9356.
Luego, se presentó otra propuesta, no muy alejada de la línea de la anterior, donde se establecía “un impuesto de un 5% del valor aduanero de toda la ropa usada importada en la modalidad de paquetes “pacas” o sin individualización de las prendas al país”.
Se sigue pretendiendo poner más cargas a los costarricenses y probablemente a las personas de quintiles más bajos.
En una última versión, se sustituye este gravamen a la ropa usada por uno a las bebidas carbonatadas, las reacciones a esto no se hicieron esperar. Ya la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, así como la Cámara de Industrias de Costa Rica se pronunciaron en contra de esta propuesta.
Ambos entes concuerdan en lo nocivo que sería para el país, en un momento como el actual, la introducción de nuevas cargas tributarias, donde al igual que en el caso de la ropa usada, ya las bebidas carbonatadas pagan una serie de impuestos. Además, de señalar la poca transparencia y la nula oportunidad de debate que se da en este sentido al tratar de incorporar este último a través de una moción vía artículo 137.
«Aquí no pongo en duda la buena intención del proyecto de ley, sino la nociva forma de financiamiento que se pretende si seguimos así, muy pronto nos pondrán hasta un impuesto por respirar.
Espero que esta propuesta sea reconsiderada por sus proponentes y por los integrantes de la comisión, y se llegue a un consenso sobre una nueva forma de financiarla», expresó la diputada.
