El pasado martes 04 de mayo inició en los Tribunales de Goicoechea el juicio por peculado y otros en perjuicio de los deberes de la función pública, (expediente #10-000032-0621) contra los exfuncionarios de la Municipalidad de San Carlos, de apellido Campos Zamora (ex-coordinadora de proveedora) Hernández Vásquez (ex-ingeniero municipal) y Rojas, funcionario de proveeduría, quien actualmente labora para el municipio.
También figuran como acusados Oscar Campos Cordero, dueño de Excavaciones Campos Zamora S.A, Alexander Campos Cordero y el hijo de Oscar, Oscar Campos Zamora y el señor Donald Cruz Araya, por el mismo delito.
El juicio inició el pasado 04 de mayo, pero continuará en los próximos días ya que los tribunales no contaban con espacio para llevarlo a cabo. Se espera que dure dos semanas.
Ex funcionario municipales habrían beneficiado a familiares
Las denuncia llegó a la Fiscalía Adjunta de Probidad Transparencia y Anticorrupción por el delito de peculado, el 26 de marzo del 2015.
Los hechos se remontan antes del año 2010 cuando la Municipalidad de San Carlos adjudicó contratos para la extracción y acarreo de materiales por más de 108 millones de colones a familiares de la coordinadora de la proveeduría, la señorita Jennifer Campos Zamora.
De acuerdo con una denuncia presentada en ese entonces por los ex-regidores Carlos Corella y Marcela Céspedes ante la Contraloría General de la República el 29 de abril del 2010. La ex-funcionaria y su novio en ese entonces, el ingeniero municipal Hérnandeaz, al parecer habrían beneficiado de esta forma a la familia Campos con al menos 17 licitaciones de acarreo de material, del 2008 al 2010, en donde el padre o los hijos de Campos siempre ganaban las licitaciones.
En esa ocasión Excavaciones Campos Zamora habrían utilizado una empresa ajena “Transportes Cruzco S.A” para evadir sospechas sobre los beneficios con contratos millonarios al padre de la funcionaria municipal de ese entonces, Jennifer Campos.
Cabe señalar que «Transportes Cruzco S.A» fue la empresa que ganó las licitaciones, pero fue Excavaciones Campos las que ejecutó todas la obras.
Con el actuar de dichos funcionarios se habría violentado la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento” que prohíbe la participación de oferente a familiares de empleados públicos con poder decisión. También se habría violentado la Ley de Anticorrupción que castiga con hasta 8 años de cárcel, al funcionario que beneficie a familiares por estos hechos.
Por estos hechos el 20 de abril del 2015 la Municipalidad presentó una querella contra el proceder penal por los delitos de Acción Pública.
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