Hoy el Plenario Legislativo aprobó en primer debate el expediente 22.309 que plantea suspender por 48 meses, es decir 4 años, los procesos de desalojo o demolición de obras en zona fronteriza y patrimonio natural del Estado.
Esta medida no podrá aplicarse en aquellas acciones que sean ordenadas mediante resolución judicial o administrativa en firme, fundamentándose en la comisión de daño ambiental o cuando exista peligro o amenaza de daño al medio ambiente.
Se establece que cuando se trate de zonas declaradas patrimonio natural del Estado, la aplicación de la moratoria estará sujeta al dictamen técnico favorable del Ministerio de Ambiente y Energía, igualmente se autoriza a las municipalidades, a aplicar la moratoria en los términos establecidos en la presente ley, previo dictamen favorable del órgano municipal competente.
