Diputados aprueban ley con hasta 15 años de cárcel para quienes extorsionan con préstamo «gota a gota»

Con mayoría de 48 diputados aprobó contundentes sanciones, que podrían alcanzar hasta 15 años de prisión, para aquellos responsables de extorsión relacionada con los préstamos conocidos como «gota a gota», los cuales están vinculados al crimen organizado y a redes de narcotráfico.

La ley recién aprobada adiciona el artículo 214 bis en el Código Penal, estableciendo el delito de extorsión cobratoria.

Las sanciones aprobadas contemplan penas de cuatro a ocho años para quienes recurran a amenazas e intimidaciones personales, a través de intermediarios o mediante cualquier medio de comunicación, con el objetivo de obligar al deudor o a sus familiares al pago de la deuda o de la obligación crediticia.

Las penas podrían aumentar de 5 a 10 años en los siguientes casos:

  • Cuando las amenazas o intimidaciones se dirijan a personas vulnerables como menores de edad, adultos mayores o personas con alguna situación especial.
  • Cuando el delito sea perpetrado por dos o más personas.
  • Si se emplea violencia física o psicológica contra la víctima.
  • Si se hacen uso de armas o se causan daños a la propiedad.

La máxima pena de hasta 15 años de prisión sería aplicable si se demuestra que los hechos están relacionados con el crimen organizado.

Esta legislación fue aprobada como parte de una serie de proyectos consensuados entre la Asamblea, el Poder Judicial y la Casa Presidencial, con el fin de hacer frente a la creciente ola de criminalidad que afecta al país.

Sin embargo, la diputada Gloria Navas, una de las principales impulsoras del proyecto, señaló que aunque este avance legislativo es significativo, no es suficiente. Subrayó la importancia de la prevención y la necesidad de completar otros proyectos legislativos relacionados con la ley penitenciaria y la ejecución de penas.

Navas destacó que el fenómeno del préstamo «gota a gota» surgió hace dos décadas y ha ganado fuerza en Latinoamérica, siendo utilizado por los criminales para blanquear ganancias ilícitas.

Según Navas, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha reportado un aumento en las denuncias por extorsión en los últimos años, relacionadas con este tipo de préstamos, que incluyen amenazas, lesiones graves e incluso homicidios.

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